El ente de control ordenó compulsar copias a la Fiscalía para que proceda a determinar la posible responsabilidad penal por los hechos a los que hace alusión la investigación.
El caso se descubrió mediante visitas administrativas de inspección y se habla de contratos que superan los $60.000 millones.
Dichas compañías se habrían puesto de acuerdo para repartirse las licitaciones y fijar los precios en refrigerios para las Fuerzas Militares.
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