Procuraduría solicita anular elección del contralor de Córdoba

El procurador 33 Judicial II para Asuntos Administrativos, Álvaro Rafael Ruiz Hoyos, solicitó ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba, anular el acto de elección del contralor departamental, Ómar Darío Lozano Flórez, por presunta inhabilidad.

De acuerdo con las consideraciones, el actual jefe de control fiscal en Córdoba, no habría renunciado a tiempo del cargo que ostentó en la empresa Aguas de Córdoba S.A. E.S.P., en aseguramiento de la Infraestructura y Gestión Social.

“El hecho que haya suscrito el accionado un contrato de trabajo con la empresa de servicios públicos de naturaleza oficial Aguas de Córdoba S.A. E.S.P., lo cual es obvio en tratándose de los servidores públicos denominados trabajadores oficiales dado que son por regla general los servidores que conforman las plantas de personal de este tipo de entes”, sostuvo el citado procurador en un documento.

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“Aún de ser pasibles de las normas de derecho privado laboral y corresponder dirimir sus conflictos a la jurisdicción ordinaria laboral, ello no desnaturaliza su condición de servidor público; y por contera, ocupar un cargo en la Rama Ejecutiva del orden departamental incurriendo en la prohibición constitucional”, argumentó el procurador.

Frente a lo establecido, la defensa del contralor representada por el abogado William Quintero, manifiesta que lo expuesto es un mero concepto que no es vinculante.

“Es un concepto que no es obligante para el operador judicial, ese concepto se refiere exclusivamente a temas de garantías procesales. En el caso del procurador, llama la atención que él presenta alegatos finales y la Procuraduría no es una parte procesal, sino especial y no emite alegaciones, solo conceptos”, dijo el abogado.

“En el proceso hay suficiente material probatorio que nos lleva a concluir que el señor Ómar Darío fue elegido en debida forma, no se encuentra inhabilitado para ser contralor departamental. Existe la certificación de la representante legal de Aguas de Córdoba, que manifiesta que el señor Ómar Darío nunca ejerció cargos directivos en esa entidad y, de otra parte, dice en esa certificación que él se encontraba vinculado laboralmente mediante un contrato de trabajo a término definido”, agregó el defensor.

Frente a este polémico caso, será justamente, el Tribunal Administrativo de Córdoba, el que encargado de definir de fondo.