Por sexta vez se aplaza audiencia preparatoria del caso Lyons de la Espriella

Según lo establecido, el motivo del aplazamiento es porque la defensa de Lyons y la Fiscalía estarían concretando un preacuerdo que permita dar una salida rápida al proceso.

18/08/2021 - 10:55 h COT

Pese a las advertencias del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Montería, el pasado 13 de abril de 2021, para evitar un nuevo aplazamiento en la audiencia preparatoria del caso Lyons de la Espriella, finalmente, este se dio y por sexta vez.

La diligencia que se había programado para el 11 de agosto del presente año, se aplazó porque se estaría concretando un preacuerdo entre la defensa de Alejandro Lyons de la Espriella y la Fiscalía General de la Nación, para no llegar al juicio oral y buscar una salida rápida al proceso que completa 3 años.

“El aplazamiento fue de mutuo acuerdo, no fue por la defensa únicamente, fue de mutuo acuerdo con la Fiscalía, apoyado por la Procuraduría y por el abogado de la víctima (Gobernación del Córdoba), por cuanto ya se está en un entendimiento con la Fiscalía sobre los términos del preacuerdo; entre esa entidad y la defensa de Alejandro Eugenio Lyons de la Espriella, dado que se requiere una sentencia judicial de otro juez para finiquitar el tema del acuerdo del hijo (Alejandro Lyons), que repercute en el acuerdo del padre, fue que se solicitó de consuno el aplazamiento”, sostuvo la defensa de Lyons, el abogado Hernán Miranda.

Al tiempo, manifestó que “aquí no se está buscando ningún vencimiento de términos porque la ley lo prohíbe, no porque yo lo diga. Se está precisamente, en aras de lograr el preacuerdo que finalice anticipadamente el proceso y los dineros por los cuales sindican a mi cliente de haber ayudado a transportar o mover, sean reintegrados al Estado, no es otro el motivo de solicitud de reprogramación”.

Así las cosas, la audiencia se reprogramó para el próximo 25 de noviembre de 2021.

Cabe recordar que, el padre del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, es investigado por supuestamente adquirir de manera irregular 15 bienes inmuebles avaluados en 8.000 millones de pesos, durante el cuestionado gobierno de su hijo en el departamento.

Por lo anterior, la Fiscalía lo acusó como presunto responsable de los delitos de lavado de activos en concurso heterogéneo con enriquecimiento ilícito de particulares.