Gobierno Nacional radicará proyecto de ley para el fortalecimiento de la seguridad
El proyecto contemplaría la máxima pena en Colombia para quien asesine a un miembro de la Fuerza Pública.
En el marco del Encuentro de Seguridad, Justicia y Convivencia, que se realiza en la ciudad de Montería, el ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez, anunció que radicarán un proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana en el Congreso de la República, el cual fortalecerá penas y medidas establecidas en el Código de Seguridad y Convivencia.
Entre las propuestas que se contemplarían en el mismo, se buscaría que se imponga la máxima pena a quien asesine a un miembro de la Fuerza Pública en Colombia. Además, de agravar conductas como el hurto y el porte ilegal de armas.
“Aquí se agravarán varias conductas penales, para que esas conductas no tengan excarcelación y, para que, de una manera clara lleven a una medida de aseguramiento intramural y que la condena sea en centro carcelario. De ese tipo estamos hablando de lo que es una menor cuantía en el hurto simple, quiere decir, de reducirlo a 4 millones de pesos, hoy está en 10 millones de pesos. A partir, de 4 millones ya sería hurto agravado”, dijo Mininterior.
Frente a casos de hurto agravado, el funcionario puntualizó que “se tipifica el tener un arma de fuego, un arma blanca o de letalidad reducida, lo cual llevaría al juez a aplicar una medida de aseguramiento intramural de manera inmediata, se acaba la opcionalidad por parte del juez frente a esa medida, eso es un elemento muy importante. También incrementamos la pena para quien asesine a un miembro de la Fuerza Pública que esté en cumplimiento de sus funciones, para que pase al máximo de 60 años”.
Asimismo, dijo que, para hacer efectiva la anterior propuesta, se construirán más cárceles y centros transitorios de reclusión en el país.
“Hoy, tenemos claro que un 21% de los homicidios en Colombia son producto de riñas, de situaciones de intolerancia y el 19% de los homicidios producto de arma blanca, por eso es tan importante la prohibición del porte del arma blanca. Por el otro lado, buscando que esa capacidad de llevar a la cárcel y de tener medida intramural también lleve un compromiso por parte de los mandatarios locales y del Gobierno Nacional, de avanzar en el tema de la construcción de infraestructura carcelaria, centros de reclusión temporal, centros de traslado por protección”.
Sobre ese último punto, la propuesta de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en el marco de la Cumbre de Alcaldes y Gobernadores que se realiza en Montería, es que el Gobierno Nacional aporte el 80% de los recursos para la construcción de cárceles y centros transitorios, y los mandatarios locales el 20%, para no sacrificar presupuesto de otros sectores como la educación.
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“El que use por robo cualquier tipo de arma debe terminar en la cárcel, porque es un peligro real para nuestra ciudadanía. Si queremos llevar a los delincuentes a las cárceles, tiene que haber cárceles. El Gobierno Nacional de manera irresponsable e inconstitucional ha transferido la responsabilidad de las cárceles a los municipios sin darnos un solo centavo. Para cárceles y centros transitorios de reclusión, el Gobierno se tiene que encargar del 80% de la financiación y nosotros ayudamos con el 20%”.
“No nos pueden estar pasando responsabilidades sin recursos o que cierren el Ministerio de Justicia, porque realmente lo único que hace es administrar las cárceles, si tampoco puede hacer eso. Necesitamos que asuma su responsabilidad”, manifestó la alcaldesa López.