Desarticulan organización que expedía licencias ilegales de conducción en Tunja
Se habrían certificado desde el año 2018 y hasta 2021 más de 16.500 clases teóricas y prácticas que nunca fueron tomadas.
La Fiscalía imputó a 13 integrantes de la organización. Foto: Fiscalía.(Thot)
Un juez de control de garantías judicializó a 13 presuntos integrantes de un grupo de delincuencia organizado que, al parecer, estarían vinculados a un centro de enseñanza automovilística desde donde por sumas que oscilaban entre $900.000 y $1.200.000 pesos expedían licencias de conducción evadiendo los requisitos de ley.
Se estableció que utilizando huellas digitales fabricadas en silicona habrían suplantado a los instructores que debían avalar la asistencia a las clases de manejo, de esta forma se habrían certificado desde el año 2018 y hasta 2021 más de 16.500 clases teóricas y prácticas que nunca fueron tomadas.
Según el ente judicial, con dicha maniobra la escuela de conducción, ubicada en Tunja y Duitama (Boyacá), evitaba el pago de gastos fijos como: mantenimiento de los vehículos, impuesto de rodamiento, gasolina y pago a instructores.
“Los procesados desempeñarían distintos roles al interior de la red delincuencial. Unos, al parecer, conseguían clientes, otros cumplirían el papel de instructores. Los últimos, se cree, certificaban la asistencia de las personas a la totalidad de las capacitaciones para así poder subir la información fraudulenta a los sistemas de los Servicios Integrales para la Movilidad (SIM). De esa manera, se concretaba el entramado de corrupción”, explicó el director de Fiscalía de Boyacá, Sergio Castellanos Mantilla.
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La organización ilegal habría tenido que suplantar a extrabajadores de la referida academia y así no despertar sospechas en cuanto a los tiempos de labor del personal.
Se precisó que entre los 13 procesados se encuentran: la representante legal de la academia de conducción, varios de los supuestos instructores, secretarias, dos exintegrantes de la Policía Nacional.
Así mismo, la Fiscalía les imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento privado, obtención de documento público falso y acceso abusivo a un sistema informático, según sus responsabilidades individuales. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
En consecuencia, el juez Cuarto Penal de Control de Garantías impuso para cuatro de los procesados medida de aseguramiento y los nueve restantes seguirán vinculados al proceso.
