Admiten demanda que busca acabar con el matrimonio infantil en Colombia
La Corte Constitucional emitió auto de traslado para que la Procuraduría, la ciudadanía, ministros y organizaciones intervengan en el proceso.
El abogado Camilo Ernesto Ortega Rodríguez presentó una demanda que busca acabar con el matrimonio infantil en Colombia, y que solo sea permitido a partir de los 18 años, y no desde los 14, como ocurre en la actualidad.
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La Corte Constitucional admitió la petición y emitió el auto de traslado para que la Procuraduría General de la Nación, la ciudadanía, diferentes ministros y organizaciones de protección de los derechos humanos, intervengan en el proceso.
El autor de la demanda aseveró que su propósito es evitar las consecuencias negativas del matrimonio infantil, entre estas, el cambio de roles, “que implica que una niña de 14 años asuma las labores del hogar, o un niño de 14 trabajar para mantener su vivienda”.
Asimismo, sostuvo que la norma es inconstitucional porque permite realizar matrimonios entre niñas de 14 años y hombres que duplican o triplican su edad, “las disposiciones acusadas son contrarias a la Constitución, porque fomentan la ocurrencia del embarazo precoz, que por lo general está asociado con un mayor riesgo de mortalidad en la madre”.
Entre otros, dijo que busca defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los derechos de la mujer, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a elegir libremente un proyecto de vida y el derecho al trabajo digno, teniendo en cuenta que en el país solo se permite el ingreso al mercado laboral de manera legal, a partir de los 15 años.
“Es una forma de lanzar a los menores, que han contraído nupcias, hacia un mercado ilegal e irregular de trabajo”.
El proceso jurídico continuará su trámite y el promotor, busca lograr la eliminación del matrimonio entre menores de 14 años. A partir de la notificación, hay 10 días hábiles para que los diferentes actores participen en esta iniciativa.
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El Congreso de la República y el Gobierno deberán presentar los argumentos que sustenten la constitucionalidad de las normas sometidas a control.