Víctima relató a la CIDH que policías le ofrecieron reunirlo con paramilitares
De acuerdo con la narración, los oficiales del Gaula en Barranquilla no le recibieron las denuncias por la desaparición de su padre, asesinado por alias "Codazzi".
En el marco de la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el asesinato del abogado y ganadero Antonio María Rivera en 2003 a manos de las Autodefensas y en donde se indaga la presunta responsabilidad del estado, su hijo relató que policías del Gaula de Barranquilla no le dejaron radicar la denuncia, y le dijeron que lo único que podían hacer era contactarlo con los paramilitares a ver qué lograban hacer por él.
"Lo que me dijeron los policías que me recibieron personalmente fue que lo máximo que podían hacer era ponerme a hablar con los paramilitares para ver ellos en qué me ayudaban (...) uno no podía denunciar a los paramilitares porque era objetivo militar", sostuvo Lenin Rivera, hijo de la víctima.
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De acuerdo con su relato, los integrantes de las AUC del Bloque Norte, liderados por Omar Montero Martínez 'Codazzi' conocido como uno de los mayores usurpadores de tierras en Colombia, venían extorsionando a Rivera Movilla y al negarse a firmarles las escrituras de sus predios lo mataron y le robaron un estimado de 2.000 cabezas de ganado. (Piden también que Rodrigo Tovar "Jorge 40" sea interrogado).
"Duraron tres días robando ganado comisionada, ¡tres días! y la Policía ni siquiera se apareció por ahí, la Policía lo único que hacía con los paramilitares era pedirles plata a los propios paramilitares, ellos les decían los comelones, la gente les decía los comelones, porque lo único que hacían era pedir plata" indicó.
Según su narración frente al caso que fue admitido por la CIDH desde 2012, la denunciada complacencia de las autoridades que no hicieron nada frente a las amenazas y mucho menos frente a la usurpación de sus propiedades, derivó en el desplazamiento forzado de la familia.
Además, uno de los representantes de la víctima ante la CIDH e integrante de la Comisión Colombiana de Juristas, David Iregui, señaló que el inspector de Policía del corregimiento de Piedra Pintada (Magdalena) recibía a paramilitares y fue colaborador de ellos guardándoles ganado, sin tener alguna investigación actual.
El Estado, por su parte, defendió los avances del caso y señaló que por medio de "generalizaciones" no se puede endilgar responsabilidad a la Nación.