JEP pide indagar arriendo de finca con posibles restos de desaparecidos en Sucre

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pidió poner en conocimiento del fiscal Francisco Barbosa y el contralor Carlos Felipe Córdoba, presuntas irregularidades en el contrato de arrendamiento de la finca El Palmar (San Onofre, Sucre), lugar de especial interés por la posible presencia de desaparecidos durante el conflicto.

De acuerdo con las investigaciones, la finca habría fungido como lugar de asesinatos, desapariciones y torturas por parte de paramilitares del Bloque Montes de María al mando de Rodrigo Peluffo "Cadena".

Según la información revelada por los magistrados, especialmente Gustavo Salazar, el predio de más de 400 hectáreas está arrendado desde el 2010 al señor Ricardo Martínez, sobrino del exministro de Minas del gobierno Uribe, Hernán Martínez y paga un poco más de $500.000 de arriendo mensual.

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Lo anterior resultó polémico para los jueces, porque el predio de gran extensión genera utilidades anuales por más de 50 millones de pesos. Y, además, también expresaron inquietud sobre por qué fue elegido precisamente el señor Martínez para administrar la finca.

La respuesta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) durante la audiencia consistió en explicar que el predio fue cedido por la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) en ese año y actualmente se encuentran negociando un nuevo canon de arrendamiento con Martínez. 

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