Supernotariado pide levantar huelgas en 40 oficinas de registro de escrituras
Continúa el paro de actividades en varias ciudades y el sindicato de la entidad dijo que está presto para dialogar.
En diálogo con La W, la superintendente de Notariado y Registro, Fernanda García, aseguró que uno de los cinco sindicatos se opone a la modernización digital de la entidad al considerar que esto sería una privatización.
Al respecto, aclaró que para privatizar la entidad tendrían que cambiar la ley y varias normas.
“Nos hemos sentado con este sindicato y le hemos expresado cuál ha sido el paso a paso. Estos son unos desarrollos digitales que vienen de años atrás y ellos no están de acuerdo porque la lucha de los trabajares es por lograr que no se privatice la superintendencia”, dijo.
Igualmente, pidió el levantamiento del cese de actividades y anunció que de 11 peticiones ya se han respondido 7, mientras que se han instalado oficinas alternas en unidades móviles ubicadas en Bucaramanga, Cali, Bogotá y Medellín.
Finalmente, denunció que el presidente del sindicato Sintranore, Deiby Villamizar, desconectó 24 cables de computadores en la oficina de Bucaramanga para impedir la conectividad de los trabajadores, por lo que denunció el hecho.
Al respecto, Villamizar le aseguró a La W que el video está incompleto y que dará las respectivas explicaciones ante las autoridades competentes.
“En ningún momento se afectó o se le impidió a quienes no participan del cese que hubieran podido desarrollar sus tareas”, señaló.
Le puede interesar:
- Países de la AILAC requieren compromisos urgentes que respondan a crisis climática
- Magistrados rechazan denuncia de Álvaro Hernán Prada
- Radican proyecto para regular las plataformas digitales de transporte
Además, respondió que el sindicato no se opone a la modernización y denunció que desde el 2017 se vienen tercerizando los servicios de las oficinas de registros para favorecer a particulares, como es el caso de los certificados de tradición y libertad.
“Fueron cerradas las ventanillas para expedirlos con el fin de que unas firmas privadas, entre ellas Asuntos Legales, compren los certificados a $13.000 y se los vendan al ciudadano a $22.000 o $25.000, y en zonas rurales el ciudadano tiene que pagar tres veces el valor del certificado”, alertó.