Ante el Consejo Permanente de la OEA, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez informó que durante las recientes protestas la Policía Nacional ha incautado cerca de 70.000 armas de fuego, de largo alcance, cortopunzantes, entre otras. También mencionó que, de 14.055 manifestaciones registradas, un poco más de 12.400 han sido pacíficas, por lo que la Fuerza Pública solo ha intervenido en el 10% de las protestas. Durante su intervención, lanzó duras críticas hacia el Comité Nacional de Paro, con el que se suspendieron los diálogos de cara a una negociación. “Hemos tenido una mesa del paro que desafortunadamente se utilizó como una manera de presionar políticamente al Gobierno. En Gobierno del presidente Duque seguirá en el proceso de tratar realmente de dialogar con ellos, lamentablemente algunos de ellos promovieron buena parte de todos estos paros que tanto daño le han hecho al país”, dijo. En cuanto a las denuncias por abuso de la fuerza, Ramírez resaltó que la Policía Nacional se ha regido bajo altos estándares y que dichos casos hay que individualizarlos. A esto le agregó que los protocolos deben garantizar el respeto de los derechos humanos y que los uniformados que los han incumplido deberán responder ante la justicia. “En Colombia, la Policía Nacional es un cuerpo civil que tiene un marco normativo exigente que se ha venido adecuando permanentemente. Yo fui ministra de la Defensa hace ya 18 años y es impresionante cómo, permanentemente, se está ajustando todo este marco normativo de acuerdo con estándares internacionales en particular sobre el uso de la fuerza”, resaltó. Finalmente, advirtió que detrás del atentado al presidente Iván Duque y su comitiva hay grupos narcotraficantes que buscan desestabilizar la democracia. En medio de las críticas dirigidas a la fuerza pública por estos hechos, el ministro de Defensa, Diego Molano, reiteró el pasado 28 de junio en W Radio que no se ha bajado la guardia frente a la seguridad en el país. Finalmente, indicó que los hechos registrados obedecen principalmente a las disputas por las rutas de narcotráfico de algunas organizaciones ilegales.