El testigo clave sobre despojo de tierras en Urabá al que JEP concedió libertad

La W tuvo acceso a la decisión de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que dejó en libertad condicionada al expresidente del Fondo Ganadero de Córdoba, Benito Molina Velarde sometido a ese tribunal, quien se alió con funcionarios de ese departamento y las Autodefensas de Carlos Castaño en un escándalo donde en una estrategia conjunta se impidió a campesinos desplazados el retorno a sus tierras comprándoles los predios a precios irrisorios bajo intimidaciones para luego sacar provecho de ellos.

Las decisiones condensadas en el expediente entre ellas la condena contra Benito Molina por ese despojo concluyeron que en la aprobación del acta para comprar los terrenos participaron el propio Molina, el gerente del Fondo para la época Benito Osorio, el polémico empresario Luis Gonzalo Gallo así como Fernando Vega y Orlando Fuentes, todos miembros de la junta directiva del Fondo en 1997. 

Por el lado de las Autodefensas la cuñada de los Castaño, Sor Teresa Gómez, llevó a las oficinas de la Fundación para la Paz de Córdoba y a fincas como "La 52", a los campesinos que eran contactados después de haber sufrido desplazamiento para que vendieran sus tierras después adquiridas por el Fondo.

La decisión del tribunal especial que concede la libertad a Molina Velarde dilucida que debido a su condición de expresidente del Fondo en sus versiones libres ha prendido el ventilador sobre todos quienes participaron en el entramado criminal que hubo detrás de la compra y adjudicación de esas tierras así como su explotación.

"Estas develaciones que guardan sincronía con lo denotado en las decisiones emitidas dentro de la justicia ordinaria se acompasan con el modus operandi, que fue realizado dentro del pacto criminal realizado por algunos integrantes del Fondo Ganadero de Córdoba y los grupos paramilitares de las Autodefensas de Córdoba y Urabá y en el que intervinieron grandes empresas y estructuras de poder que cumplieron con un rol importante" indicó la JEP.

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Más a fondo, la Jurisdicción señaló que Molina Velarde ha detallado cómo "los proyectos de desarrollo regional de Urabá diseñados desde el nivel departamental y nacional en sectores de infraestructura, conectividad, puertos, turismo" eran afines a los intereses de la casa Castaño, quienes negociaban los mismos con miembros de la clase alta cordobesa en reuniones incluso (según la JEP) en la Tercera Brigada en Montería.

"Permitiendo aportar esclarecimiento en los intereses del paramilitarismo en los proyectos de desarrollo regional, la designación de recursos de dicho grupo armado en algunos de ellos, la eventual participación directa o indirecta de funcionarios del Ministerio de Agricultura o Banco Agrario en la concreción del plan criminal", indicó la JEP  

Los aportes de verdad de Molina Velarde contaron incluso con la aprobación de los representantes de víctimas, quienes dieron luz verde a la decisión de concederle la libertad condicionada al expresidente del Fondo Ganadero Cordobés.

En relación con otros salpicados en ese plan criminal está pendiente la aceptación del sometimiento de Benito Osorio (otro de los directivos del Fondo), así como Gonzalo Gallo, Jaime García Exbrayat y Carmelo Esquivia. Estos dos últimos porque en condición de asesores habrían intervenido en las negociaciones de las fincas.

Por otro lado La W pudo establecer que la JEP avanza en conocer el estado de los procesos de restitución de tierras a las víctimas, siendo más de cien familias, quienes han obtenido sentencias a su favor pero no han podido retornar a sus predios por la presencia de grupos armados ilegales y por las explotaciones agroindustriales que allí se adelantan.

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