Contratos de Natalia Bedoya con el Gobierno Nacional suman cerca de $181 millones en 2021

• Por: Luz Helena Fonseca y María Kamila Correa

La W indagó sobre los contratos de la abogada Natalia Bedoya Rendón con el Gobierno Nacional. Uno de ellos es con el Ministerio del Interior por $102’742.500 para ejecutarse en 11 meses, desde febrero hasta diciembre.

En contexto:

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La función de la abogada es brindar asesoría jurídica en temas electorales y estrategias en materia de fortalecimiento de la participación política con enfoque de género y juventudes. Esta asesoría es para el despacho del Viceministerio para la Participación e Igualdad de Derechos y la Dirección para la Democracia, la Participación y la Acción Comunal.

Las funciones específicas son las siguientes:

1. Ayudar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de participación ciudadana, el fortalecimiento de la democracia participativa, la organización y participación de la sociedad civil y la garantía de los derechos y deberes electorales.
2. Apoyar y emitir conceptos jurídicos para la resolución de consultas presentadas al Viceministerio para la Participación e Igualdad de Derechos y a la Dirección, en la atención de peticiones y consultas relacionadas con asuntos electorales.
3. Acompañar los programas de capacitación sobre participación política con enfoque de género y juventudes.
4. Apoyar las funciones asignadas en temas a fin con las funciones del viceministro, como es la participación política.
5. Asistir y participar en los talleres, juntas y demás eventos que le indique el supervisor del contrato.
6. Realizar convocatorias necesarias para cumplir con las actividades establecidas en las metas del Viceministerio para la Participación e Igualdad de Derechos y a la Dirección, específicamente con participación ciudadana.
7. Organizar el archivo documental en físico o magnético según corresponda de los trámites que le sean asignados y hacer entrega de este al supervisor a la terminación del contrato.
8. Las demás actividades que le sean designadas por el supervisor del contrato.

Para suscribir este contrato, el viceministro del Interior Carlos Baena le solicitó a la subdirectora de Gestión Humana del Ministerio un certificado para determinar si había personal de planta disponible para la asesoría.

En respuesta, la funcionaria aclaró que, aunque en la planta de personal había funcionarios con el perfil y la idoneidad solicitada para el contrato, no se contaba con el personal suficiente para atender esas obligaciones, “de acuerdo con la distribución interna de cargos y las cargas laborales”.

En 2020, Bedoya también fue contratada por el Ministerio del Interior para realizar la misma asesoría. En ese caso, el contrato fue por $107.666.667.

CONTRATO CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA

Desde el 12 de febrero, la abogada celebró un contrato de prestación de servicios profesionales por $79’056.533 “para acompañar y generar lineamientos para la implementación de la política de mejora normativa de las entidades de la administración pública nacional y territorial, así como revisar y analizar los documentos normativos y jurisprudenciales presentes en la herramienta de divulgación normativa”.

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Sin embargo, llama la atención que dentro de ese contrato Natalia Bedoya se comprometió a ejecutar seis actividades, de los cuales debe entregar mensualmente dos informes (uno que describa la metodología de depuración normativa y otro sobre las acciones realizadas) y ambos deberían aparecer en el Secop por ley, pero en el registro no aparece ninguno de los dos.

A la fecha, deberían aparecer los cuatro informes correspondientes a los meses de febrero y marzo, ya que son condiciones para que el coordinador del Ministerio de Justicia autorice el pago del contrato.

Las funciones específicas son las siguientes:

1. Realizar la revisión y análisis jurídico de los documentos normativos y jurisprudenciales presentes en la herramienta de divulgación normativa, con el fin de ofrecer seguridad jurídica en la información divulgada en el sistema.
2. Contribuir en la actualización la metodología de depuración de normativa, así como en los procesos de implementación de esta en las entidades de orden territorial con el fin de generar acciones de mejoramiento de aplicación del principio de seguridad jurídica.
3. Elaborar y consolidar un protocolo en donde se defina el proceso y estructura mediante el cual se realizarán los proyectos piloto para la implementación de la metodología de depuración normativa en las entidades orden territorial, priorizadas por el MJD, con el fin de contribuir en los procesos de mejora normativa.
4. Participar en los procesos y espacios técnicos convocados para adelantar la implementación de políticas de mejora normativa con entidades orden nacional y territorial, a fin de generar acciones de mejoramiento de aplicación del principio de seguridad jurídica.
5. Acompañar en la proyección, revisión, trámite y seguimiento de los requerimientos, peticiones, informes, consultas técnicas, acciones de tutela, conceptos y demás insumos o documentos relacionados con el objeto contractual.
6. Desempeñar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que le sean asignadas por el supervisor del contrato.