CIDH admite caso sobre desaparición de joven colombo-francés a manos de las AUC

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió un caso contra el estado colombiano por su presunta responsabilidad internacional en la muerte de Simón Efraín González, un joven colombo-francés quien fue asesinado y desaparecido por paramilitares del frente William Rivas del Bloque Norte de las AUC.

De acuerdo con la investigación, la víctima llevaba la cabeza rapada y las cejas depiladas y luego de irse de vacaciones a Santa Marta decidió devolverse hasta Bogotá bajo la modalidad de "autostop", pero el 21 de mayo de 2002 en Ciénaga el joven fue perseguido por paramilitares que lo secuestraron.

Después, fue llevado al municipio de Zona Bananera donde fue ejecutado con tres disparos y su cuerpo dejado en zona rural del corregimiento de Río Frío. Aparentemente los motivos del crimen se habrían relacionado con la llamada "limpieza social" que ejercía ese grupo criminal y cinco exparamilitares estarían involucrados.

Según la petición, los familiares acuden a la CIDH debido a que en el proceso de levantamiento del cadáver se presentaron varias irregularidades así como obstáculos por parte de Medicina Legal en Ciénaga para entregarles el cuerpo. De acuerdo con los familiares un funcionario llamado Johnny Estrada que tenía el alias de "Rajamuertos" (quien casualmente como lo reveló La W es mencionado por el exparamilitar Adolfo Guevara "101" como uno de sus auxiliadores) se mostró renuente a entregarles el cuerpo de Simón.

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Además alegan que pese a que un exparamilitar fue condenado por esos hechos y otro llamado José Gregorio Mangones (quien siguió delinquiendo) también, sobre los agentes estatales que habrían omitido su deber de evitar el secuestro de la víctima (producido a escasos metros de una estación de Policía), no ha habido avances.

Los argumentos anteriores fueron valorados favorablemente por la CIDH para admitir el caso.

"La Comisión toma nota de que la parte peticionaria aduce que los procesos seguidos ante la Jurisdicción de Justicia y Paz no resultaron efectivos para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el asesinato de la presunta víctima" indica la decisión.

El estado por su parte se oponía a la admisión del caso alegando que no existen pruebas que puedan vincular al estado con algún tipo de participación u omisión en el crimen y además que el hecho de que no se haya condenado a todos los responsables no representa demoras en la investigación.