A juicio dos exgobernadores de Casanare por irregularidades en contratación
Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación pusieron al descubierto supuestas irregularidades de contratación que se habrían presentado entre 2005 y 2007 en Casanare.
Supuestas irregularidades de contratación que se habrían presentado entre 2005 y 2007 en Casanare.. Foto: Fiscalía General de la Nación
El material de prueba da cuenta de que Helí Cala López y Whitman Herney Porras Pérez no habrían asumido la contratación de obras, suministro y adquisición de bienes, entre otros conceptos. Al parecer, mediante un convenio cedieron esa responsabilidad a un particular.
Las labores investigativas realizadas por la Fiscalía General de la Nación pusieron al descubierto supuestas irregularidades de contratación que se habrían presentado entre 2005 y 2007 en Casanare.
Las investigaciones dan cuenta de que el 4 de agosto de 2005, el entonces gobernador, Helí Cala López, suscribió un convenio con la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (SECAB), cuyo objeto era “la cooperación y asistencia técnica para la coadyuvancia en la gestión de programas y proyectos que se consideraron viables para el plan de desarrollo del departamento”.
Mediante esta figura, el organismo internacional celebró 59 cartas, acuerdos o contratos de obra, adecuaciones, suministro y adquisición de bienes, entre otros conceptos, por más de 94.000 millones de pesos, que correspondían a recursos públicos.
Para la Fiscalía, la contratación de obras y otras necesidades básicas para los municipios de Casanare debía ser asumida por los entonces gobernadores, mediante procesos de selección y adjudicación como lo establece la ley. En ese sentido, dicha responsabilidad no podía cederse a un tercero, más aún, cuando había de por medio dineros del departamento.
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Adicionalmente, el material indica que en uno de los acuerdos o cartas, el número nueve, que contempló continuación de la construcción del matadero regional en Paz de Ariporo, se presentó un posible detrimento patrimonial.
Dicho proyecto fue entregado al Consorcio Construcciones M.V., al que le fue pagado un anticipo de 50% del valor total del contrato ($1.411’379.265). Los testimonios y otros elementos permitieron conocer que, a través de diferentes maniobras, la suma del anticipo, algo más de $600’000.000, habría llegado a manos del gobernador de la época, Helí Cala López.