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¿Qué implicaciones tienen las restricciones de la Alcaldía a plataformas y domiciliarios?

El Distrito impuso controles y restricciones para empresas y plataformas de domicilios para disminuir los casos de falsos repartidores que cometen delitos.

El pasado 12 de marzo, la Alcaldía de Bogotá anunció la prohibición del transporte de parrilleros y la contratación de personas con antecedentes penales en las empresas de domiciliarios.

Esta decisión se adoptó tras la realización de un Consejo Extraordinario de Seguridad, con el fin de imponer controles y restricciones tanto para empresas como para plataformas de domicilios y disminuir la cifra de casos de falsos repartidores que resultan siendo delincuentes.

Las cinco principales medidas empezarán a regir desde el jueves 18 de marzo:

  1. Las empresas deberán compartir corresponsabilidad con el actuar de sus empleados mientras estos estén trabajando.
  2. No se podrá contratar personas que estén indocumentadas o que cuenten con antecedentes penales. Cada empresa deberá contar con la información completa de sus domiciliarios y tendrá que compartirla con el Distrito y la Policía para que en los puestos de control que se ubicarán en la ciudad se pueda verificar si realmente se encuentran trabajando.
  3. Las motos, bicicletas o automóviles que estén dedicados al servicio de domicilio, a partir de ahora tendrán que estar identificadas con el nombre de las empresas. De igual forma los maletines, cascos y chalecos que utilizan los empleados.
  4. Se prohíbe el parrillero en las motos dedicadas al domicilio. Esta restricción se enfoca en las evidencias del caso de Edwin Caro, quien fue asesinado por dos delincuentes en una motocicleta que estaban disfrazados de domiciliarios.
  5. Las empresas, plataformas o negocios que cuenten con servicio a domicilio, deberán contar con lugares privados, en donde su personal pueda ubicarse, esperar los pedidos, recargar sus teléfonos, comer y acceder a servicios sanitarios. No se permitirán concentraciones de trabajadores en el espacio público.

Ricardo Ramírez, abogado especialista y magister en Derecho Penal, conversó con W Fin de Semana sobre los alcances de este paquete de medidad.

"Muchas empresas se escudarán en los comunicados de prensa y en esta interpretación del decreto para no contratar personas con antecedentes. En Colombia, muchas profesiones son usadas para cometer delitos y no por ello son objeto de prohibiciones", explicó el abogado.

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Así mismo, se refirió a las consecuencias para las personas con antecedentes: "En Derecho Penal, no existe un derecho al olvido en los antecedentes penales (...) solo existe la circulación restringida de antecedentes. En Colombia, la pena no solo está orientada a la prevención del delito, sino a la reinserción social y la resocialización (...) debe establecerse qué tipo de antecedentes penales se tendrán en cuenta, no puede generalizarse".

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