Fiscalía solicita imputación y medida de aseguramiento para dos abogados de Tierralta

La W Radio conoció que la Fiscalía General de la Nación radicó solicitud de audiencias preliminares de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento para dos abogados del municipio de Tierralta, Córdoba, investigados por su presunta responsabilidad en el delito de acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir.

Se trata de Mario Luis Fuentes y Andrés Eduardo Hoyos, este último labora en el Juzgado Promiscuo del municipio de Tierralta. Ambos fueron denunciados por la estudiante de Derecho, Marcela García, quien aseguró ser víctima de los abogados luego de un compartir el 6 de noviembre del año 2020.

De acuerdo con lo narrado por la joven de 23 años, el pasado 7 de noviembre habría despertado desnuda en un apartamento en compañía de las personas antes mencionadas, asegurando no recordar nada, por lo que expuso el caso ante las autoridades correspondientes con la finalidad de que se investigaran los hechos y establecer responsabilidades.

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Frente al delicado caso, en su momento este medio también buscó reacciones por parte de los presuntos implicados que negaron los señalamientos e indicaron que tendrían las pruebas para demostrar lo contrario.

Pese a lo establecido, el ente acusador presentó la solicitud de imputación y medida de aseguramiento ante el Juzgado Quinto Penal Municipal de Montería, debido a que uno de los investigados trabaja en el Juzgado Promiscuo de Tierralta.

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 Sin embargo, el citado Juzgado de Montería, rechazó el caso al considerar que no tenía competencia, pues los hechos se habrían presentado en Tierralta y no en esta ciudad, por lo que un superior entró a definir sobre dicha competencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, en horas de la tarde de este 3 de marzo, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Montería, resolvió “asignar la competencia en primera instancia al Juez Promiscuo Municipal de Tierralta, Córdoba, para que resuelva la petición preliminar del ente fiscal, haciéndose la salvedad que dicho funcionario podrá acudir a las prerrogativas del Art.56 del CPP. dentro de esta acción penal”.