El salvavidas del Gobierno a las autopistas, dueños de peajes y constructoras investigadas

Investigación Paola Herrera

Durante la pandemia varias concesiones viales que manejan las carreteras más importantes del país y recaudan los peajes y algunas empresas constructoras de vías involucradas en escándalos, también fueron beneficiarias de los subsidios a la nómina que entregó el Gobierno Nacional.

Sigue la W continúa con la segunda parte de la investigación sobre los recursos que se entregaron durante mayo y noviembre de 2020 en el marco de la ejecución del Programa de Apoyo al Empleo Formal, PAEF, a las grandes y muy grandes empresas que operan en Colombia y que se vieron afectadas por la crisis de la pandemia.

En este capitulo hablaremos sobre las concesiones viales que también podían solicitar la ayuda, según los requisitos establecidos por el Ministerio de Hacienda, siempre y cuando hubiesen tenido una reducción del 20% en sus ingresos. Los consorcios resultaron afectados por las restricciones de viajes a los colombianos por vía terrestre y por ende acudieron al salvavidas del Gobierno. Pero, además, varias de las empresas que conforman esas concesiones también solicitaron el auxilio, incluso algunas que hoy están investigadas por incumplimientos en sus contratos o por casos de corrupción.

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LAS CONCESIONES

En Colombia, según datos del Ministerio de Transporte, hay hoy 45 proyectos concesionados por la Agencia Nacional de Infraestructura y de esos 29 corresponden a las vías de cuarta generación y los otros 16 son de anteriores programas. Estas concesiones tienen contratos con el Gobierno que les permiten recaudar el dinero de los peajes, aunque en muchos casos esa plata se va a fiducias y solo se puede usar conforme avancen las obras. 

 Del total de concesiones, más de 20 obtuvieron el subsidio a la nómina para solventar la emergencia económica que les generó el confinamiento, pero solo podían hacerlo para los trabajadores a los cuales no les hayan suspendido temporalmente el contrato o no los hayan mandado a licencia no remunerada. Tampoco podían haber despedido más del 20% de sus empleados en los primeros meses de la pandemia si querían tener el beneficio. Por esa razón, muchas que tomaron decisiones antes de mayo, cuando se lanzó el programa, no pudieron aplicar.

Esa precisamente fue una de las críticas que se le hizo al programa cuando fue lanzado: muchos empresarios no lograron acceder porque ya habían suspendido contratos de sus trabajadores o los habían enviado a licencias no remuneradas teniendo en cuenta que, como en el caso de las concesiones, no se les permitía trabajar.

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De esas concesiones o uniones temporales se destacan el Consorcio Mar 1 en Antioquia, Consorcio Pacifico 1, Consorcio Constructor Pacífico 3, Consorcio Vial 4G Llanos, Consorcio Express, Consorcio Corredor Vial del Oriente, Concesión Costera Cartagena -  Barranquilla, Consorcio Vial Magdalena Medio, Concesionaria Vial Andina, que tiene los peajes más caros de Colombia, Concesionaria del Desarrollo Vial de la Sabana, Consorcio Obras Túneles 2016, Concesión la Pintada y Consorcio Constructor Accenorte, el de la salida de Bogotá por la Autopista Norte.

También están algunas de las concesiones que tienen una investigación abierta por parte de la Superintendencia de Transporte por irregularidades en las estaciones de pesaje de los camiones, esas son Autovía Neiva - Girardot, Concesión Ruta Al Mar, la concesión Santa Marta – Paraguachón, Autopistas del Café y Vía 40 Express, la que maneja el tercer carril Bogotá – Girardot.

En la lista de beneficiarios del PAEF aparecen empresas de construcción que en algunos casos hacen parte de esas concesiones. Esas empresas podrían presentarse por aparte ya que el requisito era que no reportaran los mismos trabajadores para ser beneficiarios del subsidio, es decir, que el respectivo trabajador no haya sido tenido en cuenta para el cálculo del aporte estatal de otro beneficiario.

Esas empresas son, entre otras, Constructora el Cóndor; CYC Obras Civiles; Coninsa Ramon H y Conconcreto, que hacen parte del consorcio constructor de Hidroituango y que hoy está imputado por la Contraloría y demandado por EPM; China Harbour Engineering Company, la del metro de Bogotá que también tiene a su cargo la concesión Autopista al Mar 2; Mario Alberto Huertas Cotes, la del empresario que entregó la primera 4G en Colombia; Meco Constructora; CSS Constructores, la del polémico constructor Carlos Solarte involucrado en el escándalo de Odebrecht y con problemas financieros en sus concesiones desde hace varios años (antes de la pandemia), que tiene frenadas las obras y hasta con problemas en los pagos a sus trabajadores; Mincivil; Jaramillo Mora Constructora y KMA Construcciones, entre otras .

Llama la atención que aparece como beneficiario el consorcio RQS que hace dos años se ganó una licitación para operar y recaudar en 29 estaciones de peajes y, además, también es uno de los investigados por su relación con los pesajes en las casetas de Ginebra Sur, LaLizama1, LaLizama2, Media Canoa Norte, y Sur Media Canoa.

También está en la lista la empresa Gisaico famosa por ser una de las responsables de la caída del puente Chirajara en la vía al llano. Esta empresa fue la que diseño y construyó el viaducto y por ende fue sancionada por hacer la entrega de la estructura.  

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LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE

Las empresas de transporte público terrestre también resultaron bastante afectadas durante la pandemia ya que las carreteras colombianas estuvieron cerradas desde abril hasta septiembre del año pasado. Es por eso que para mantener sus nóminas les tocó acudir a las ayudas gubernamentales y son varias las compañías que tocaron esa puerta.

Por ejemplo:  Expreso Brasilia, Expreso Bolivariano, Rápido Ochoa, Cooperativa de Transportes Velotax, Flota La Macarena, Transportes Expreso Palmira, Transportes Berlinas, Transportes Arimena, Transporte Rápido Tolima, Flota Magdalena, Flota El Carmen, AutoFusa, Transportes Reina, Flota Valle de Tenza, entre otras. 

También pidieron el auxilio empresas de transporte masivo de ciudades principales como algunos operadores del SITP en Bogotá: Empresa de Transporte Integrado de Bogotá y Masivo Capital que está en reorganización; Empresa de Transporte Masivo ETM y la Unión Metropolitana de Transportadores Unimetro en reorganización, ambas operadoras del MIO en Cali; la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá y el Grupo Empresarial Metrocaribe en Barranquilla.