Fiscalía pedirá que ‘El Zarco’ sea declarado como persona ausente

Contra Jhon Castro Ramírez, alias 'El Zarco', la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación adelanta dos procesos distintos.

Uno está relacionado con tres homicidios ocurridos en el corregimiento Villa Carmelo de Cali (Valle del Cauca) en 2007. Corresponderían a ejecuciones extrajudiciales en las que alias El Zarco habría fungido como intermediario.

Por estos hechos se obtuvo orden de captura en 2018, con solitud de notificación roja de Interpol, la cual fue prorrogada en 2019. En este proceso se le atribuye la posible participación en los delitos de homicidios en persona protegida, falso testimonio y desaparición forzada.

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En el segundo proceso, Castro Ramírez es investigado por 14 homicidios ocurridos en 2008 en Coyaima, la vereda Potrerito de Ibagué y Guamo (Tolima). Al igual que el caso anterior, hay indicios de que este hombre, supuestamente, sirvió de intermedio para entregar jóvenes a unidades militares que, posteriormente, los habrían presentado como bajas en combate.

En marzo de 2017, se obtuvo orden de captura contra alias El Zarco por este caso; sin embargo, no se pudo notificar ni hacer efectiva porque se había fugado de la cárcel de Buga (Valle del Cauca) donde permanecía privado de la libertad por un caso de porte ilegal de armas de fuego. Es así que en julio de 2018 se solicitó su captura con solicitud de notificación roja de Interpol por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir.

En noviembre de 2018, Castro Ramírez fue capturado en Madrid (España) en atención a las peticiones elevadas por Colombia. La Fiscalía General de la Nación informó que se formalizó la solicitud de extradición en su contra el 4 de diciembre de 2018, por los dos procesos que se le siguen en la Dirección Especializada contra los Derechos Humanos de la Fiscalía.

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Según el ente acusador, desde febrero de 2019, los dos fiscales que tienen a su cargo estos casos han intentado realizar las imputaciones y solicitudes de medida de aseguramiento contra alias El Zarco.

Fiscales aseguran que fueron más de 8 o 10 intentos en los que no se logró conexión con el centro carcelario en el que permanecía recluido en España o no hubo comunicación efectiva para cumplir las diligencias.

Se tuvo conocimiento que en abril de 2020 iniciaron los trámites para su entrega a Colombia, luego de que fuera aceptada su extradición por parte del Gobierno de España; sin embargo, por circunstancias asociadas al Covid – 19 y otros aspectos, no se pudo materializar su envío al país.

Para marzo están programadas nuevamente las audiencias de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, por los dos procesos referenciados. Fuentes de la Fiscalía le informaron a W Radio que, de no presentarse Castro Ramírez, se iniciarán los trámites para que sea declarado persona ausente y pueda avanzar el proceso.

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EL PERFIL DE 'EL ZARCO'

En los expedientes de la Fiscalía aparece Luis Jhon Castro Ramírez alias el Zarco, como un desmovilizado del ELN que confesó haber colaborado con miembros del Ejército en ejecuciones extrajudiciales entre 2007 y 2008 en el Tolima.

Alias el Zarco confesó ante la Fiscalía en 2010 su participación en las ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2007 y 2008 en tres municipios de este departamento: Coyaima, El Guamo y la vereda Potrerito, de Ibagué.

A causa de las ejecuciones ocurridas en la vereda Potrerito que dejaron seis personas muertas y que fueron realizadas por miembros del Gaula del Ejército en el Tolima, fue que 'El Zarco' resultó investigado.

El desmovilizado del ELN es requerido en Colombia por, presuntamente, engañar víctimas para ponerlas a la merced de miembros del Ejército para su ejecución extrajudicial.

Alias El Zarco es requerido por el delito de homicidio en persona protegida.

Según el exguerrillero del ELN, todo comenzó cuando conoció al sargento Rubiel Bustos Escarraga, alias Mauricio, quien le habría dicho que “le colaborara” para llevar a buen término su proceso de desmovilización del ELN. Y esa colaboración se trataba, según la Fiscalía, de la ejecución extrajudicial de seis personas en la finca Los Mangos de la vereda Potrerito de Ibagué, en 2008. Por estos hechos, el ente investigador abrió un proceso penal contra el coronel (r) Javier Vallejos.

En un documento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el soldado Rafael Ricardo Rincón Quitora, quien se sometió a la justicia transicional por los hechos vividos en la finca Los Mangos, aseguró que alias El Zarco reclutó en Cali a las seis personas masacradas -amigos-, indicándoles que había una jugosa oferta de trabajo en una finca de Ibagué. “(La finca) se había dispuesto previamente por los miembros de la sección segunda de inteligencia del batallón Jaime Rooke y el Sargento Segundo Rubiel Bustos Escarraga para ser dados de baja y así obtener los resultados operacionales, bajas en combate o los mal llamados falsos positivos”.

Alias El Zarco es mencionado en el expediente que llevó el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, durante 2015, por la supuesta ejecución extrajudicial de tres personas, en 2007, a manos del Batallón de Alta Montaña N°3 de la Tercera Brigada del Ejército de Cali. En el documento se establece que Luis Jhon Castro Ramírez fue un “guía geográfico” al servicio del Ejército Nacional en la masacre contra Gustavo González Daza, Víctor Hugo Mosquera Bossa y Jhon Eider Corrales. Se trataba de una acción de tutela, en la cual los familiares de las víctimas reclamaban porque la Fiscalía, ocho años después del suceso, no había imputado a los posibles autores.

Por las confesiones de El Zarco, la Fiscalía vinculó penalmente al coronel en retiro del Ejército Nacional, Javier Alberto Vallejos Delgado; al sargento segundo retirado Sergio Ramírez Murillo y a tres exsoldados, como posibles coautores del homicidio de seis personas.

“Debía hacer el montaje de los supuestos secuestros o cobros ilegales, mientras que la tropa daba de baja a estas personas”, sostuvo el fiscal al realizar la imputación en 2018.

Según documentó la Fiscalía en su momento “el alto mando militar emitía las órdenes de registro y control con inconsistencias, versión coherente con la información entregada a la Fiscalía por el reclutador desmovilizado Castro Ramírez, quien afirmó que llevaban a la gente como carne de cañón”.

Los soldados vinculados al proceso fueron José Johan Castro Bustos, Rafael Antonio Rincón y Maryó Martínez Mora, quienes no aceptaron el cargo de homicidio en persona protegida. Sin embargo, firmaron un acta para someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).