Fue legalizada la captura de funcionario de la Procuraduría señalado de torcer fallos
Según la Fiscalía, esta persona ofreció dinero al senador Richard Aguilar para favorecerlo en el Ministerio Público.
Jesús Alejandro Garzón, exasesor de despacho del exprocurador Fernando Carrillo, fue capturado por incurrir presuntamente en el delito de concusión. Foto: Cortesía
Un juez legalizó la captura de un funcionario de la Procuraduría General de la Nación que se desempeñaba, hasta el pasado viernes 15 de enero, como sustanciador en el despacho del entonces procurador Fernando Carrillo.
En contexto:
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Se trata de Jesús Alejandro Garzón, exasesor de despacho del exprocurador Fernando Carrillo y quien recientemente fue trasladado al cargo de Procurador Distrital de Bogotá. Fue capturado por incurrir presuntamente en el delito de concusión.
Este resultado hace parte de las indagaciones que adelanta el ente acusador contra algunos servidores de esa entidad, quienes, al parecer, actuaban de manera ilícita en el despacho del exprocurador general.
La investigación, adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción desde el primer semestre de 2020, a través de pruebas técnicas, interceptación de comunicaciones y otras labores de policía judicial, permitió recopilar elementos probatorios y evidencia física que evidenciarían la probable actuación irregular del servidor en los hechos ocurridos en diciembre de 2019.
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Para ese entonces, el sustanciador, en ejercicio de su función y a través de dos personas, al parecer exigió 300 millones de pesos a un senador de la República, con el fin de resolver a su Favor un proceso disciplinario por el que, en primera instancia, fue sancionado cuando ejerció en otro cargo público en el año 2012.
El senador nombrado es Richard Aguilar, exgobernador de Santander de 2012.
El ente acusador determinó además que el hoy procesado presuntamente vendría asesorando y trabajando con terceros para obtener sentencias de tutelas en contra de la Procuraduría.
Por estos hechos, la Fiscalía investiga a dos abogados que habrían participado en el ilícito de la exigencia económica, así como a una tercera abogada que sería la posible encargada de presentar dichas tutelas.