Ordenan investigación disciplinaria en contra de tres funcionarios de Córdoba

El auto de apertura de investigación por parte de la Procuraduría Regional de Córdoba, se fundamenta en una queja de oficio presentada ante el órgano de control en la cual se advierte de presuntas irregularidades en el trámite de liquidación y pago del contrato 765 de 7 de junio de 2019.

El contrato fue suscrito por el departamento de Córdoba representado por la Secretaría de Mujer, Género y Desarrollo Social y la Unión Temporal Mis Abuelos Felices, cuyo objeto era la atención integral a los adultos mayores a través del fortalecimiento de los centros de vida y centros de bienestar en esta sección del país.

Se establece en los hechos que al contratista en dos oportunidades le fue devuelta la cuenta correspondiente al pago de las actividades previstas sin justificación alguna según lo expresado.

“Para el contratista es inconcebible que un año después de la ejecución, sin existir una sola observación en la cuenta a la ejecución y evidencias, existan devoluciones porque la redacción no agrada”, se establece en la queja instaurada ante la Procuraduría que originó la investigación en contra de tres funcionarios de la Gobernación de Córdoba.

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Se trata de la secretaria de Mujer, Género y Desarrollo, Vanessa Hodeg, secretaria de Hacienda departamental, Natalia Figueroa y el jefe de la Oficina Jurídica de Córdoba, Daniel Díaz.

De acuerdo con los hechos expuestos ante el ente de control, el contratista se habría visto afectado “pues no es de su desconocimiento que la ejecución del contrato se desarrolló sin pagarse una sola cuenta diferente al desembolso del anticipo. La ejecución alcanzó el monto de $6.491.286.301 y por anticipo se canceló la suma de $3.560.868.737”.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la Procuraduría consideró que “por los hechos antes descritos y con la finalidad de determinar si es constitutiva de falta disciplinaria; esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió el perjuicio causado a la administración pública con la falta y la responsabilidad disciplinaria de las investigadas toda vez que con la identificación del posible autor de la falta se configura el requisito legal para adoptar tal decisión”.

Cabe indicar que frente a este tema, La W conoció un oficio por parte de la Gobernación de Córdoba, en el que se informaba sobre el supuesto estado del contrato.

“En este sentido, le manifestamos que, si bien es cierto que la Unión Temporal Mis Abuelos Felices, se encuentra en mora en los pagos de las cuotas pactadas, esta deuda se encuentra generando intereses, los cuales corren diariamente. Actualmente se encuentra en trámite la liquidación del contrato, la cual se está realizando conforme a lo establecido en el art. 60 de la Ley 80 de 1993, la información será enviada a los supervisores del contrato con el fin sea tenida en cuenta al realizar el balance final”, se indicó por parte de la administración departamental a este medio.