Autoridades deberán actualizar sus planes de control sobre transporte ilegal para 2021
La orden la dio la Superintendencia de Transporte con el fin de que todos los habitantes del país cuenten con un transporte legal y seguro.
Control sobre transporte ilegal / imagen de referencia. Foto: Colprensa(Thot)
Considerando el grave problema que supone para los habitantes del país quedar a merced del transporte ilegal, la Superintendencia de Transporte hizo un llamado a las autoridades de Tránsito, organismos de Tránsito, entidades del Sistema Nacional de Transporte para que dentro de su jurisdicción apliquen las normas del régimen de tránsito terrestre, así como también las de transporte terrestre de pasajeros, especialmente en lo relacionado con la prestación de transporte ilegal, y se impongan las sanciones previstas por el legislador en las distintas normas, cuando haya mérito para ello.
El ente de control y vigilancia explicó que lo anterior se puede aplicar en casos como, por ejemplo: conducir sin la licencia de conducción requerida; la destinación de vehículos particulares para un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito; por realizar operaciones de transporte público con vehículos que no están ni matriculados ni homologados para tal fin, operando sin la habilitación ni los permisos de operación requeridos, entre otros.
En su postura, la Supertransporte explicó que dado que conducir vehículos es una actividad peligrosa por el riesgo de lesión o muerte que se crea tanto para los pasajeros como para los demás usuarios de la vía, incluyendo bici-usuarios, peatones, entre otros, las altas cortes han determinado que los habitantes del territorio colombiano tienen el derecho a contar con un transporte público seguro y que cumpla con los estándares que el Congreso ha previsto para el efecto.
Seguido a esto, manifestó que es por esa razón que en la normatividad que actualmente está vigente se incluyeron requisitos para quienes deseen satisfacer necesidades de movilidad de la comunidad, de forma que operen (i) con vehículos homologados y que tengan los mantenimientos periódicos exigidos, (ii) con conductores idóneos y capacitados, (iii) con empresas que tengan la capacidad y las pólizas de seguros para responder ante accidentes u otras reclamaciones de los usuarios, entre otros controles impuestos por el Estado para que se cumpla con esa exigencia constitucional de tener un transporte público seguro.
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Ante el escenario, el superintendente de Transporte, Camilo Pabón, dijo “no estamos creando obligaciones nuevas, sino conminando a que las autoridades territoriales apliquen todas las sanciones que el Congreso de la República dispuso para el transporte informal; a eso estamos llamados como funcionarios públicos, a hacer cumplir la ley que el Congreso expidió.”
A título enunciativo, en la Ley 336 de 1996 se previeron sanciones a quienes realicen operaciones de transporte público sin cumplir con los requisitos allí regulados, incluyendo las siguientes:
• Realizar operaciones de transporte público, sin habilitación del Estado (Ley 336 de 1996 art. 11)
• Realizar operaciones de transporte público, sin permisos de operación (Ley 336 de 1996 art. 16)
• Realizar operaciones de transporte público, con vehículos que no estén homologados para transporte público (Ley 336 de 1996 art. 23 y 31)
• Realizar operaciones de transporte público, con vehículos que no estén matriculados para transporte público (Ley 336 de 1996 art. 23)
• Realizar operaciones de transporte público, sin los seguros exigidos para esa operación (Código de Comercio art. 994)
• Realizar operaciones de transporte público, con vehículos que no reúnan las condiciones técnico – mecánicas, incluyendo el alistamiento diario, mantenimientos preventivos y correctivos exigidos, y la revisión técnico-mecánica (Ley 336 de 1996 art. 38)
• Realizar operaciones de transporte público, con conductores y programas de medicina preventiva exigidos (Ley 336 de 1996 art. 35)
• Realizar operaciones de transporte público, con conductores que no tengan las capacitaciones (Ley 336 de 1996 art. 11)
• Realizar operaciones de transporte público, sin contar con un plan estratégico de seguridad vial (Ley 1503 de 2011)
Finalmente, la Superintendencia de Transporte aseguró que las sanciones previstas en la ley de transporte pueden ascender a 700 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada infracción, además de otras sanciones para quienes operen sin cumplir los requisitos allí exigidos en la operación de transporte público.
