¿Falsos testigos de la Fiscalía respaldaron casos de supuestos testaferros de Farc?

Los acusados de ser testaferros de las Farc aseguran que no solo en el caso de Santrich habría falsos testigos y montajes. Hoy se consideran víctimas de entrampamientos que buscaban afectar el proceso de paz. En Sigue La W hacemos el recuento de los casos que tienen en común un cuestionado testigo que les mintió a las autoridades.

En agosto de 2016, solo un mes después de haberse posesionado como Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez le dejó claro al país que su caballito de batalla sería perseguir los bienes de la recién extinta guerrilla de las Farc, con la que el Gobierno ya había firmado un acuerdo para el fin del conflicto armado.

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Martínez llegó al cargo gracias al entonces presidente, Juan Manuel Santos, quien sacó adelante el proceso de paz en Colombia. 

Sigue la W conoció 14 casos en los cuales la Fiscalía habría usado falsos testigos y montajes. Documentos cuestionan si este organismo se tomó atribuciones excesivas para declarar anticipadamente victorias sobre los supuestos testaferros de las Farc, procedimientos inconsistentes, fiscales sin presunta competencia que formularon la acusación basados en viejos archivos del DAS desactualizados, por lo que jueces han puesto en duda los procesos de extinción de dominio. Los acusados rompen el silencio y aseguran ser víctimas de entrampamientos, con el fin de ponerle palos en la rueda a los acuerdos.

¿Exceso de atribuciones de la Fiscalía en este periodo?

En junio de 2018 se vivió uno de los pulsos más tensos entre la Fiscalía y la JEP por la competencia sobre el inventario de los bienes de las Farc, incluidos los que estaban en proceso de extinción de dominio. En marzo de 2019 la Corte Constitucional le dio la razón a la Fiscalía y declaró que era el organismo idóneo para adoptar medidas cautelares sobre los bienes vinculados con las Farc y que no hubiesen sido entregados por la guerrilla en su inventario.

Sin embargo, surge una controversia pues hasta hoy, el plazo para la entrega de los bienes de las Farc no ha finalizado, pues a la ONU, la desmovilizada guerrilla entregó un primer inventario el 15 de agosto de 2017; el gobierno mediante el decreto 1080 de 2020 amplió el plazo que se vencía en julio de este año para hacer una segunda entrega, y estableció como fecha final para la consolidación del inventario y su disposición material, el 31 de diciembre de 2020.

La pregunta que surge es, ¿podía la Fiscalía General adelantarse a la finalización del inventario, o declarar bienes y testaferros de las Farc, elementos o personas que a la fecha no han sido condenadas y probada su relación con la exguerrilla como ha sucedido en los 14 casos en los que hay presuntos falsos testigos y otras irregularidades advertidas por los jueces?

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De acuerdo con la sentencia C-071 de 2018 que reguló el decreto ley 903 de 2017, la Corte Constitucional recordó que, “cuando sean descubiertos por las autoridades, los bienes de las Farc estarán sujetos a las medidas constitucionales y legales pertinentes tales como la extinción del dominio” por parte de la Fiscalía. Sin embargo, parece haber más dudas que certezas en el “descubrimiento” de esos 14 supuestos casos de testaferrato como lo mostraremos. 

En una carta dirigida al entonces ministro del Interior Guillermo Rivera, Néstor Humberto Martínez reconoció que, para que la Fiscalía activara su competencia sobre los bienes de las Farc en proceso de extinción de dominio, era necesario que el gobierno organizara los bienes en un inventario, que finaliza con la entrega material el próximo 31 de diciembre.

Dudas sobre la competencia de GEPAI y el grupo de los 300

En noviembre de 2016, un mes después de la firma del acuerdo de paz, el fiscal Martínez creó el que se conoció después como GEPAI - Grupo de Trabajo para la persecución de activos ilícitos- mediante la resolución 03715 del 8 de noviembre, “por medio de la cual se adopta un Plan de Trabajo para la persecución de Activos Ilícitos de los grupos armado al margen de la ley en el posconflicto”. Esto sucedía al mismo tiempo que las Farc pactaban el tránsito de las armas a la política.

Se conformaron 3 grupos de trabajo que serían articulados por una Mesa de Priorización y Solución de Problemas presidida por el Fiscal General y, en su ausencia, por el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), con asiento del Superintendente de Notariado y Registro, un representante de la Policía y otro de las Fuerzas Militares. Contaría con Supervisor, Coordinador y una Mesa Técnica para dirigir y articular. La recolección y análisis de la información, estaría a cargo de por 300 personas, 100 miembros del Ejército, 100 de la policía, 100 de la Fiscalía.

Sin embargo, en este escuadrón creado por el Fiscal Martínez no habrían participado ni las Fuerzas Militares, ni representantes de la Policía, ni la Superintendencia como se había estipulado. Es decir, esta Mesa de Priorización encargada de articular y vigilar las actuaciones de esos grupos de la Fiscalía no existió, por lo menos de acuerdo con la respuesta de dichas entidades que negaron haber integrado la Mesa de Priorización impulsada por el fiscal y “el grupo de los 300”.

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También hay dudas sobre la desginación especial y por lo tanto la competencia del fiscal coordinador de la macroinvestigación contra los bienes de las Farc, Nicolás Sotomonte, es decir el fiscal de varios de los 14 casos, entre ellos, el de los Mora Urrea, Parra y Falla, Nunca se hizo su designación directa por parte del Fiscal General como lo ordena la ley. La entonces directora de Extinción de Dominio Andrea Malagón mediante la resolución 0119 de marzo de 2017, lo destacó a prevención mientras lo desginaba Martinez Neira, algo que nunca sucedió, por lo que ¿se pone en duda si las investigaciones han sido coordinadas por una autoridad que no tenía la competencia ni la licitud para hacerlo?

Por otra parte, la entonces fiscal Andrea Malagón, fue mencionada en las conversaciones de Otto Bula, condenado por el escándalo Odebrecht con los hermanos Fortich, quienes según denunció Bula, pedían altas sumas de dinero a cambio de “hacer gestiones” para que los bienes incautados por la Fiscalía volvieran a sus dueños. Malagón aseguró que las afirmaciones de Bula fueron venganza por la gestión implacable de la Fiscalía. 

Los 14 casos: Mauricio Parra – Surtifruver

En septiembre de 2017, la Fiscalía presentó al empresario Mauricio Parra como uno de los grandes testaferros de las Farc y además el responsable de la muerte del dueño de Surtifruver, el señor Jhonny Orjuela.

Sin embargo, ese caso que se convirtió en toda una novela empezó un año antes cuando la entonces directora del CTI reclutó al testigo Fernando Bahamón Céspedes, quien en su primera declaración aseguró que Parra habría recibido la orden de asesinar a Orjuela por parte de alias El Paisa, un exjefe guerrillero que hoy hace parte de las disidencias de las Farc y quien supuestamente buscaba quedarse con el negocio de las frutas para poder traficar droga.

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En ese momento la Fiscalía buscó otorgarle a Parra un principio de oportunidad si declaraba contra Cecilia Rueda, la exposa de Orjuela, pero él se negó y entonces el ente acusador dijo que Rueda y Parra eran amantes. Meses después, el propio Mauricio Parra denunció ante el fiscal de lavado de activos, Carlos Nicolás Sotomonte, que el testigo Bahamón Céspedes lo estaba extorsionando, pidiéndole 15 millones de pesos para no declarar en su contra ante la Fiscalía (aunque ya lo había hecho), el fiscal no investigó al testigo y por el contrario al día siguiente capturó a Parra imputándole los cargos de homicidio y lavado de activos y le empezaron un proceso de extinción de dominio de todos sus bienes.

Dos años se demoró la Fiscalía para recoger el material probatorio contra Parra y en la acusación usaron una nueva hipótesis sobre el asesinato del dueño de Surtifruver. El ente acusador dijo ahí que el asesinato se debió a un problema con un cultivo de arándanos, pero después eso se desvirtuó cuando la defensa evidenció que el cultivo era un emprendimiento pequeño del acusado y la víctima.

La defensa de Parra pidió la libertad de su cliente en diciembre de 2019 cuando se dieron cuenta que la principal prueba del supuesto testaferrato y del homicidio era la declaración del cuestionado testigo Bahamón Céspedes. Aunque se la concedieron por vencimiento de términos en esos cargos, Parra aún está en prisión por el otro asesinato del expersonero de Pitalito, Huila, Luis Gerardo Ochoa.

El caso Parra es considerado por él mismo como una trampa para poder atacar el proceso de paz. La razón es que usaron información de un expediente viejo para incluirlo en lista de los supuestos testaferros de las Farc y poder ir tras sus bienes. Esa lista la hizo el llamado Grupo GPAI, creado por orden del fiscal Martínez en noviembre de 2016 – un mes después de la firma del acuerdo de paz- para encontrar los activos ilícitos de grupos armados en el posconflicto, aunque para ese entonces las Farc ya no eran un grupo armado.

Pero además en este caso, como lo mencionamos anteriormente, se utilizó al testigo Fernando Bahamón Céspedes, un supuesto desmovilizado de la guerrilla de las Farc, quien tiene 30 denuncias encima por delitos como falsedad material e ideológica, acceso carnal violento, estafa, falso testimonio, simulación de investidura, entre otras cosas.

Bahamón Céspedes, dijo que fue paramilitar para beneficiarse de una amnistía en 2003, pero según contó Caracol Radio, él fue expulsado de Justicia y Paz cuando se dieron cuenta que nunca hizo parte de las autodefensas. Pero, además, también había dicho ser comandante de la Teófilo Forero y que cuidaba la zona de distensión, pero eso también se cayó cuando la Corte dijo que para esas fechas el señor estaba en una cárcel de Neiva y por eso era imposible su vinculación con las Farc en ese momento.

A pesar de mentirle al Estado, Fernando Bahamón fue incluido en un programa de protección de testigos en la Fiscalía que lo llamó en otros casos para acusar a otros presuntos testaferros, quienes hoy se consideran víctimas.

Caso Guillermo Ruíz León

Como mencionamos anteriormente, en agosto de 2017, se conoció una primera lista de los bienes de las Farc entregada a la ONU y fue bastante cuestionada por Néstor Humberto Martínez quien la calificó como “inútil e improcedente".

Dos meses después se anuncia, por parte del ente acusador y del Ejército, la ocupación de 47 bienes de presuntos testaferros de los frentes 44 y 48 de las Farc; uno de ellos era Guillermo Ruíz León, un empresario de la madera en el Amazonas.

Según la Fiscalía, en el Amazonas, la investigación comenzó gracias a la denuncia de un combatiente desmovilizado. Sigue La W conoció que ese supuesto desmovilizado es de nuevo el testigo Fernando Bahamón Céspedes. Por las declaraciones del testigo le hicieron extinción de dominio a todos los bienes de Ruíz León y otros 4 empresarios más. Sus bienes estaban avaluados en 15.000 millones de pesos.

Caso Chaux Gonzáles 

En febrero de 2018 la Fiscalía anuncio la captura de José Hugo Chaux Cuéllar; su esposa, Luz Stella González Cuéllar; y su hijo, José Hugo Chaux González por ocultar, presuntamente, entre 2001 y 2016, los activos y dineros ilícitos del frente 16 del entonces bloque oriental de las Farc. Según el ente acusador, esa familia tuvo un incremento exagerado de su patrimonio y habrían comprado bienes en Meta y Guaviare, por 10.000 millones de pesos, con recursos entregados por alias “el Negro Acacio”.

Quien declaro contra ellos fue también Fernando Bahamón Céspedes, por eso la defensa cuestiona que este testigo supiera de los movimientos financieros de las Farc en todo el país, porque hasta el momento había declarado sobre el bloque Sur, el bloque oriental, sobre los frentes Amazonas y en Huila, entre otros.

El caso de esta familia, a quienes les incautaron sus propiedades y además  más de 3 mil millones de pesos y 7.430 dólares, llegó hasta la CIDH, ya que ellos argumentaron que solo por estar en el lugar equivocado cuando las autoridades estaban detrás del Negro Acacio es que los involucraron. El señor Chaux Cuellar y su hijo Chaux González ya quedaron en libertad porque han logrado demostrar en algunas instancias el supuesto montaje de la Fiscalía, no obstante, el proceso no ha terminado.

En el caso de la señora Luz Stella González, el proceso va más lento y en la actualidad se encuentra en casa por cárcel. Ella fue víctima de malos tratos en la cárcel El Buen Pastor en Bogotá y por eso le concedieron la sustitución de la medida.

Caso Familia Falla

El 30 de noviembre del 2017, la captura de Hernando Falla Duque y su familiar, Ricardo Falla, dos de los empresarios más reconocidos en el Huila, causó conmoción en la región. La Fiscalía los vinculó, en su momento, por ser presuntos testaferros de las Farc y de ocultar dinero de esa organización en la década de los 80. No obstante, a comienzo del 2019, Falla Duque recuperó su libertad, luego de que un juez desestimara las pruebas presentadas en su contra. El empresario sigue vinculado al proceso formalmente.

En este caso aparece también como prueba un testimonio de Fernando Bahamón Céspedes quien aseguró que: “Hernando Falla y Ricardo Falla le pasan al ‘Paisa’ información veraz de las potenciales personas para secuestrar…”.

Caso Supercundi y MerkAndrea  

En febrero de 2018, pocos días después de que el entonces candidato Iván Duque y el expresidente Álvaro Uribe hicieran campaña a las afueras del supermercado Merkandrea junto a Alirio Uribe en el sur de Bogotá, en las calles se libró un batalla de orden público por el saqueo de los puntos de este almacén y de la línea Supercundi en Bogotá, Cundinamarca, Tolima y el Eje Cafetero. La Fiscalía tomó posesión de esos negocios y capturó a Norberto Jeanethe, Uriel y a Luis Alirio Mora Urrea, señalándolos de testaferros de las Farc y de lavar el dinero de alias 'Romaña'. 

Sin embargo en abril de 2018, los hermanos Mora quedaron en libertad -aunque vinculados al proceso judicial- después de que un juez de la República advirtiera falta de pruebas de la Fiscalía para argumentar la tesis de un incremento patrimonial injustificado, que los convertía en un peligro para la sociedad.  

Este es el único de los 14 casos, que no tiene como testigo a Fernando Bahamón Céspedes, pero sí tiene a alias 'muelas' un supuesto desmovilizado a quien un juez compulsó copias por presuntas contradicciones de su testimonio, con fechas y lugares que investiga la justicia.

Aunque la Fiscalía argumentó que en Panamá los negocios de los Mora Urrea eran investigados, autoridades de ese país certificaron que él no tenía pendientes con la justicia. 

La acusación a los Mora se basa en antiguos archivos del DAS que se habrían presentado ante un juez sin la actualización de las cuentas de su patrimonio. La Fiscalía señala a alias Romaña como la fuente de financiación del lucrativo negocio de los Supercundi y los Merkandrea, mientras sus dueños se defienden argumentando que el éxito de su modelo consiste en grandes créditos y ventas a bajo precio en sectores populares del país. 

Mientras la Fiscalía señala a Alirio Mora como supuesto testaferro de las Farc, él y su familia se declaran víctimas de la guerrilla, pues en 1999 fue secuestrado por el grupo armado ilegal que ya reconoció su retención ante la JEP. Instancia que también reconoció a Alirio Mora como víctima de secuestro. Según la Fiscalía, se trató de un autosecuestro, sin embargo un documento de la Cruz Roja Internacional demostraría que su retención ilegal fue reportada por su familia que insiste en su inocencia.