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Congresistas uribistas, conservadores, de La U y CR piden no ratificar Acuerdo de Escazú

Se presentó una proposición a consideración de las comisiones segundas de Senado y Cámara.

Los congresistas firmantes advirtieron que algunas de las obligaciones derivadas del Acuerdo generarían "un impacto fiscal cuya extensión se desconoce a la fecha". Foto: Colprensa / SERGIO ACERO

Los congresistas Juan Diego Gómez y Jaime Felipe Lozada (Partido Conservador), Juan David Vélez y Gustavo Londoño (Centro Democrático), José Luis Pérez (Cambio Radical) y Anatolio Hernández (Partido de la U) presentaron una ponencia negativa al proyecto que busca ratificar el Acuerdo de Escazú.

Los congresistas aseguraron, entre otras cosas, que "la redacción del principio de acceso a la información, deja abierta la puerta a que el Estado se vea obligado a divulgar información cuyos titulares son personas naturales o jurídicas de naturaleza privada y ello implicaría una eventual invasión de la esfera de propiedad del titular de dicha información".

También advirtieron que algunas de las obligaciones derivadas del Acuerdo generarían "un impacto fiscal cuya extensión se desconoce a la fecha".

Añadieron que "resulta necesario reconocer que no existen recursos suficientes para que la Rama judicial cuente ya con los jueces necesarios en todo el territorio nacional en las materias tradicionales, los recursos resultan también insuficientes a la fecha para garantizar la presencia de la Fiscalía General de la Nación en cada municipio e igual se puede predicar frente a la Defensoría y los órganos de control".

Los ponentes también cuestionaron que el proyecto no se haya sometido a consulta previa. "Resulta irónico que un Acuerdo pretenda garantizar el derecho a la información, cuando ni siquiera lo ha sometido a consideración con los pueblos indígenas y a los distintos grupos étnicos del país".

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Además hicieron un duro señalamiento a los compromisos relacionados con la protección de los líderes de derechos humanos en asuntos ambientales.

"Se debe reconocer que el Estado colombiano no se encuentra en la capacidad de garantizar muchos derechos que ya reconoce, y no puede aún garantizar un entorno seguro y propicio para que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones einseguridad. Es una realidad inmensamente triste, pero hay que reconocerla".