Fiscalía acusó a policías del caso ‘Ñeñe’ por interceptación ilegal
El material probatorio permitiría inferir que los acusados incluyeron en una solicitud de interceptación legal los abonados Telefónicos de cinco de sus compañeros de trabajo.
Imagen de referencia. Foto: Colprensa – Álvaro Tavera(Thot)
Ante la Juez 40 Penal de Circuito de Bogotá, el fiscal Séptimo Adscrito al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía presentó escrito de acusación contra el mayor de la Policía Yerferson Fabián Tocarruncho Parra, (en calidad de determinador), y el sargento Wadith Miguel Velásquez García, (en calidad de autor material), por su presunta responsabilidad en los delitos de fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones, falsedad ideológica en documento público y uso ilícito de comunicaciones.
El material probatorio recopilado por la Fiscalía permitiría inferir que los acusados incluyeron en una solicitud de interceptación legal ante un juez de garantías los abonados Telefónicos de cinco de sus compañeros de trabajo, que supuestamente estarían involucrados en una denuncia por la pérdida de un dinero durante un allanamiento. Para tal fin, el mayor Tocarruncho Parra habría ordenado al sargento Velásquez García realizar la interceptación Ilícita a mediados de mayo del 2019.
Al parecer, el sargento aprovechó información que le entregó una fuente humana conocida como “La Penca”, sobre el homicidio que investigaba y en la cual era relacionado al ganadero ‘Neñe Hernández’, e incluyó los abonados celulares de sus compañeros, haciéndolos pasar como integrantes de un grupo delincuencial que actuaba en varios departamentos de la Costa Atlántica.
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La investigación arrojó que el hoy procesado habría usado los apodos con los que ellos se trataban para catalogarlos como alias y generar mayor credibilidad a su actuación. Así los reportó como ‘El Mono’, ‘El Rolo’, ‘El Propio’ o ‘El Valluno’, además les asignó roles como sicarios, coordinador de narcotráfico y otras tareas propias de actividades ilegales.
Según el ente acusador, el sargento aprovechó la confianza que tenía con la fiscal con la que trabajaba, para firmar por ella las solicitudes de interceptaciones. La fiscal asaltada en su buena fe habría incurrido en un error y conocido la verdad solo hasta mayo de 2020.
El fiscal del caso señaló que los acusados, sin justa causa, afectaron negativamente la libertad individual de sus compañeros, la fe pública y la recta impartición de justicia. “Eran capaces de determinar que su actuación estaba prohibida y sin embargo lo hicieron”.
