Concejo de Santa Marta propone un campamento migratorio para venezolanos

En el reciente debate de control político a las dependencias distritales que se ocupan del fenómeno migratorio en Santa Marta, el Concejo precisó que ante el incremento de extranjeros en la ciudad se deben tomar medidas rápidas con el apoyo de organismos internacionales que financien proyectos humanitarios para atender a los más de 43.516 venezolanos.

La corporación escuchó el balance que entregó la Secretaría de Seguridad, donde además de la instrumentalización de menores de edad para la mendicidad como parte de la problemática, las cifras de delitos durante este año indican que 235 personas de nacionalidad venezolana han sido capturados, configurándose en el 10% de las actividades criminales en la capital.

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De acuerdo con el número de migrantes, 31.778 de ellos se dedican a trabajos informales. Del total, el 39% se sostiene con ventas ambulantes, el 19% a limpiar vidrios en intercesiones semaforizadas, el 10% con demostraciones artísticas callejeras y un 12% con la actividad sexual en parques y corredores del Distrito. La albañilería, la promoción turística y el mototaxismo, también aparecen en menores proporciones.

“Es hora de emprender una cruzada en donde el gobierno nacional y entidades internacionales como las Naciones Unidas a través de ACNUR, la Cruz Roja y ONG’S nos ayuden en el propósito de construir un campamento migratorio para refugiados, porque al final son personas que escaparon del hambre y la anarquía y pueden recibir algo mejor en nuestro país”, dijo Juan Carlos Palacio, concejal del partido Conservador.

No obstante, la problemática de la mendicidad y prostitución infantil fue un tema constante en toda la sesión por el que el director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Joaquín González, fue altamente criticado por la plenaria, ya que según la entidad se ha quedado corta ante la situación.

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“Al ICBF le escucho su exposición y quedo muy preocupada, no sé si no recorren los sitios donde se evidencia lo denunciado. Yo sí veo niños y padres pidiendo dinero en los semáforos y andenes, cosa que parece que él no ve, y grave que sea así”, señaló Ingrid Gómez.

El Concejo firmará una petición a la presidencia de la República para que revise la ola delictiva por parte de migrantes y además para que contemple acciones para evitar más afectaciones económicas en una de las ciudades de Colombia con mayores índices de pobreza monetaria según el DANE.