Asegurado presunto responsable de crimen de dos policías en el Meta
La Fiscalía imputó al hombre por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Petter Eduardo Mosquera Ariza, quien sería el responsable del homicidio de dos integrantes de la Sijin de la Policía Nacional, ocurrido el 2 de abril del año en curso, en Guamal (Meta).
De acuerdo con el material probatorio, el intendente Armando Esteban Rodríguez Gómez y el patrullero John Fredy Reyes Peña atendieron una acción criminal que se registró en un inmueble del barrio La Floresta, en el que murió José Vicente Rivera Mendoza, un desmovilizado de las extintas AUC. Los uniformados trasladaron a un centro asistencial a un ciudadano serbio que resultó herido y, de regreso al lugar de los hechos, habrían sido atacados con arma de fuego por el hijastro de la persona asesinada.
El señalado agresor, Petter Eduardo Mosquera, se presentó a la Fiscalía en Granada (Meta), luego de enterarse de la orden de captura que había en su contra. Investigadores del CTI hicieron efectiva la detención y dejaron el hombre a disposición de una fiscal especializada.
Podría interesarle: Nunca tuve información que vinculara a las Farc con el asesinato de Álvaro Gómez: Samper
En audiencias concentradas, fue imputado por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico y/o porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares. Los cargos no fueron aceptados.
La Fiscalía solicitó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario contra Mosquera Ariza; sin embargo, el juez promiscuo municipal de Puerto Rico (Meta) dispuso detención en el lugar de residencia, por considerar que el procesado cumple los requisitos de ley para recibir este beneficio.
El esclarecimiento del crimen de los dos integrantes de la Sijin es posible gracias al direccionamiento estratégico del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, que priorizó la investigación de homicidios y otras conductas que afectan la seguridad ciudadana.