Procuraduría sanciona a dos exgobernadores que dejaron sin “prosperidad” al Magdalena

Por: Luz Helena Fonseca

La Vía de la Prosperidad es la “crónica de una muerte anunciada” en un ambicioso proyecto de infraestructura. No fue suficiente una tutela que solicitó declarar desierta la licitación, el concepto ambiental negativo de la contralora Sandra Morelli o la batalla de la exministra de Transporte, Cecilia Álvarez Correa, entre otros.

Todo comenzó en 2013, cuando el gobernador del Magdalena, Luis Miguel “Mello” Cotes, asignó la obra de la Vía de la Prosperidad en el mes de agosto al Consorcio Ribera Este por $ 466.000 millones. De estos, $ 200.000 millones saldrían de las regalías del Magdalena y el resto del presupuesto del Ministerio de Transporte.

La W desde entonces reveló que Planeación Nacional le había advertido al gobernador Cotes que no girara los recursos, porque la obra ya estaba en conflicto. Así lo dijo en La W, el 10 de marzo de 2014, la directora de Comisión Nacional de Regalías, Amparo García. Según García, “lastimosamente” el gobernador hizo el giro el 2 de enero de 2014.

En su defensa, el gobernador Cotes dijo que es “falso” que se haya desacatado la orden de la Corte Constitucional de no girar dineros al consorcio Ribera Este.

La ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, advirtió en La W que hizo hasta lo imposible para que el gobernador atendiera dichas observaciones.

Como si fuera poco, el Tribunal de Barranquilla había detenido dicho proceso, pero de manera sospechosa, una sala de la Corte Constitucional lo reactivó y el caso llegó a la Comisión de Acusación. Recordemos que, para la fecha de los hechos, en la Corte la selección de las tutelas se hacía a “dedo”.

Así lo explicó en La W la procuradora delegada Fanny González en julio de 2016.

Pero como todo lo que empieza mal termina mal…

La vía ha tenido varios nombres y presupuestos. En 2009 se llamaba Vía de la Productividad, tenía una longitud de 173 kilómetros y valía $ 675.177 millones. Pero todo cambió cuando el exgobernador “Mello” asumió la continuidad del proyecto y le cambió nuevamente el nombre por el de la Vía de la Prosperidad y la redujo a 52,6 kilómetros por más de doble del precio.

En 2017, ocho años después, solo habían terminado cuatro kilómetros de pavimento. Por este motivo, el Instituto Nacional de Vías (Invías) condicionó el giro de $113.000 millones y el de $60.000 millones por concepto de regalías que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) le solicitó no entregar a la Gobernación del Magdalena, precisamente en cabeza de Rosa Cotes de Zúñiga, esposa del exalcalde condenado por parapolítica Francisco “Chico” Zúñiga y tía del “Mello” Cotes.

El consorcio Ribera Este está integrado por las empresas barranquilleras Compañía de Servicios y Negocios S.A., Constructora FG S.A. y Consultores del Desarrollo S.A. (Condesa) y la española Assignia Infraestructuras S.A. sucursal Colombia. Tiene como representante legal a Gary Eberto Espitia, amigo personal de Alejandro Char, mega contratista de Barranquilla y constructor de las casas gratis de Vargas Lleras.

Condesa, la firma de ingeniería barranquillera, era de la familia del expresidente del senado José David Name Cardozo.

En W Radio, David Name Terán, tío del senador y dueño de Condesa, dijo que ya no tenía el 10% de participación en el consorcio Ribera Este.

La Vía de la Prosperidad por la que hoy sancionan al gobernador y su sucesora, la gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes, pasó sin mayor cuidado a pesar de las alertas sobre este proyecto, gracias a las presiones de varios pesos pesados de la costa Caribe por sus relaciones con el clan Cotes. Entre esas está la entonces procuradora encargada Martha Castañeda Curvelo, hoy funcionaria de la Alcaldía de Santa Marta.

La W recientemente reveló un laudo arbitral que declaró que la Gobernación del Magdalena violó el principio de planeación en lo relacionado con los estudios previos definitivos del contrato de la Vía de la Prosperidad y la condenó a pagar de 3.740 millones de pesos al Consorcio Ribera Este, a cargo de este contrato, por los perjuicios causados.

Las pérdidas son incalculables. Solamente en 2017, la Contraloría estableció un presunto detrimento patrimonial de $32.616 millones en la ejecución de la llamada Vía la Prosperidad, originado en sobrecostos en el transporte del material requerido para la conformación de terraplenes.