Autoridades de Nariño desatendieron alertas tempranas en la masacre de Samaniego
Las alertas tempranas fueron emitidas por la Defensoría de Pueblo desde el año 2019, ante la presencia de grupos armados ilegales en esa zona del departamento
Protesta jóvenes Samaniego, Nariño. Foto: La W
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación contra funcionarios de Nariño por no atender las alertas ante una eventual masacre en el municipio de Samaniego, Nariño, tal y como ocurrió el pasado 15 de agosto cuando fueron asesinados ocho jóvenes en la vereda Santa Catalina.
El Ministerio Público espera determina si hubo una omisión en las actuaciones desplegadas por las autoridades departamentales y locales, que hayan podido prevenir y conjurar el riesgo advertido en las alertas tempranas 032 de 2019 y 018 de 2020 emitidas por la Defensoría del Pueblo, evitando que la población civil fuera víctima de ataques por parte de grupos armados ilegales.
Foto: Protesta jóvenes de Samaniego, Nariño. La W
La Defensoría advertió en su momento sobre el posible peligro en que se encontraba el municipio de Samaniego desde el año 2019 por la presencia del ELN, que se incrementó luego de la pandemia por el covid-19 y que generó enfrentamientos con los grupos irregulares por el control del territorio, en especial por la presencia rutas y cultivos de uso ilícito.
La Procuraduría ofició a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, al Ministerio de Defensa Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para que informen las acciones implementadas desde sus competencias para monitorear los factores de riesgo señalados por la Defensoría del Pueblo.
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La Gobernación de Nariño, la alcaldía y la personería de Samaniego, deberán entregar informes de las gestiones adelantadas con las diferentes entidades del orden nacional, regional y municipal para promover la protección de la población civil.
Con la apertura de la indagación preliminar, el ente de control busca verificar la ocurrencia de los presuntos hechos, los implicados y determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, o si habría actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.