Denuncian intervención irregular con maquinaria en el Morro de Tulcán en Popayán
Tras el escándalo por la acción de indígenas Misak, que derribaron el monumento de Sebastián de Belalcázar, las autoridades realizaron un procedimiento con una máquina.
Tras las denuncias realizadas por líderes de la zona, la máquina fue retirada . Foto: Cortesía
En la mañana de este viernes maquinaria amarilla realizó diligencias hasta el momento no especificadas en el Morro de Tulcán, donde se encontraba ubicado el monumento de Sebastián de Belalcázar, recientemente derribado por indígenas Misak en Popayán.
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Víctor Ruiz, edil de la Comuna Cuatro, dijo que evidenciaron una intervención irregular y arbitraria, sin la autorización del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH.
Luego de las denuncias, las actividades fueron suspendidas y la máquina retirada del lugar.
Hernando Javier Giraldo Tenorio, docente del Departamento de Antropología de la Universidad del Cauca, dijo que sitios prehispánicos como este son protegidos por la Ley de Patrimonio Nacional y cualquier intervención debe ser avalada por el ICANH.
Además, explicó que en el sitio donde se realizó la intervención fueron encontradas 14 tumbas hace unos 50 años en excavaciones realizadas por el arqueólogo Cubillos, lo que representa un grave riesgo y peligro para la conservación de la estructura.
El académico señaló que hay varias zonas que todavía no han sido estudiadas y que están bajo tierra, por lo que el uso de la maquinaria puede generar daños en el suelo, elementos de la estructura y destruir tumbas que no han sido excavadas.
“Por sus dimensiones, es una de las estructuras prehispánicas más grandes del país. Si la Alcaldía hubiese continuado con las actividades, podría haber ocasionado daños irreparables para la construcción de la memoria histórica del país”.
El antropólogo agregó que la Policía Nacional no ha permitido el ingreso de los profesionales a inspeccionar la zona y que presuntamente se están realizando excavaciones con pala, tampoco permitidas.
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El ICANH ya fue informado de la situación y se espera un pronunciamiento por parte de las autoridades.
“La violación de las leyes del patrimonio (ley 397 de 1997, ley 1185 de 2008 y el decreto 763 de 2009) representan faltas gravísimas si son cometidas por funcionarios públicos”.