Entes de control alertan sobre grave incumplimiento a Ley de Víctimas
Asegura el informe que el esfuerzo fiscal de $118 billones entre 2012 y 2020 fue insuficiente para atender al universo de víctimas, que hoy supera los nueve millones.
La W conoció en primicia un informe de la Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Participación de Víctimas, en el cual alertan sobre incumplimiento a la Ley de Víctimas. Foto: Getty Images / LUIS ROBAYO
La W conoció en primicia un informe de la Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Participación de Víctimas, en el cual alertan sobre un grave incumplimiento a la Ley de Víctimas. Esto, según los entes de control, generó incertidumbre sobre su financiación, nuevas metas y atención a esta población, que se ha visto más vulnerable durante la pandemia.
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Asegura el informe que el esfuerzo fiscal del Gobierno Nacional de $118 billones entre 2012 y 2020 fue insuficiente para atender al universo de víctimas, que hoy supera los nueve millones.
Según cálculos de la Contraloría General de la República, a 2030 se requieren más de $357,4 billones para ejecutar 14 medidas dirigidas a garantizar derechos a la indemnización administrativa, vivienda urbana y rural ($26,2 billones), alimentación ($24,8 billones), retornos y reubicaciones ($20,5 billones), educación y salud ($197,3 billones), entre otros.
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El informe señala que la materialización del derecho a la restitución de tierras presenta escasos avances ante el incumplimiento de las órdenes proferidas por los jueces de Restitución de Tierras. Durante los años 2018 y 2019, no se atendieron ninguna de las 1.463 órdenes en materia de vivienda y en los casos de víctimas con pertenencia étnica solo se han expedido 18 sentencias en 9 años, de 1.277 órdenes judiciales únicamente se ha hecho efectivas el 8.5%.
Las cifras son escandalosas. Según el informe, entre el 2019 y el primer trimestre de 2020 se pagaron 95.127 indemnizaciones. Sin embargo, existe un rezago de 1’320.177 solicitudes, frente a las cuales no se han asignado citas para iniciar trámite de documentación. Asimismo, 549.800 personas pertenecientes a pueblos étnicos se encuentran pendientes de indemnización.
A esto se le suma la emergencia por el COVID-19. Se encontraron casos en que algunas comunidades confinadas en Alto Baudó, Bajo Baudó, Bojayá, Carmen del Darién, El Carmen de Atrato y Riosucio, Chocó, han tenido que esperar más de cinco meses la entrega de la ayuda humanitaria. En otros casos, los actores armados aprovecharon la emergencia sanitaria para aumentar su intimidación en las zonas donde delinquen.
Para las comisiones, es fundamental que el Gobierno Nacional adopte correctivos y acciones administrativas ante la contingencia generada por el coronavirus, las cuales faciliten a las víctimas acceder a una oferta institucional de ayudas de acuerdo con sus nuevas circunstancias.