Autoridades anunciaron medidas para combatir el transporte ilegal en el país

Con miras a combatir la ilegalidad en el transporte público que se está presentando en época de pandemia, la Superintendencia de Transporte junto con la Dirección de Tránsito y Transporte informaron que  han incrementado los controles en las vías del país, en especial, para detectar el uso de vehículos particulares e identificar a los conductores que destinen sus automotores para un servicio diferente al autorizado por ley.

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Según el informe, como resultado de esta cooperación institucional, por primera vez en la historia la Superintendencia de Transporte le formuló cargos a 5 personas que conducían vehículos de servicio particular, por presuntamente violar la ley de transporte, quienes de encontrarse responsables, podrán enfrentarse a órdenes administrativa y, en caso de incumplirlas, a multas de hasta setecientos (700) smmlv. En contra la decisión de apertura de investigación y pliego de cargos no procede recurso alguno. Se garantizarán el derecho de defensa y debido proceso de conformidad con lo establecido en la ley.

El Gobierno aseguró que de esta forma, ha reforzado las acciones contra el transporte ilegal de pasajeros, cuando se utilizan vehículos particulares para este fin. En ese sentido, la DITRA identificó a los sujetos a quienes más veces se les han impuesto comparendos durante la pandemia, por conducir vehículos particulares en servicio diferente de aquel que fue autorizado, los mismos operaban en diferentes partes del país como Aguachica, Cartagena, Ciénaga, Carmen de Bolívar, Santa Marta, y Riohacha, incurriendo presuntamente en lo que se conoce como “piratería” terrestre.

Según las autoridades se han realizado 8.328 comparendos e inmovilizaciones por conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito, establecido en la Ley 769 (Código Nacional de Tránsito) el cual establece que “El vehículo será inmovilizado por primera vez, por el término de cinco días, por segunda vez veinte días y por tercera vez cuarenta días”, equivalente a 59 comparendos e inmovilizaciones diarias que por alguna razón prestaban servicio de transporte informal, siendo Bogotá la ciudad en que más se realizan planes operativos orientados a combatir la informalidad, seguida por Santander con una cifra alrededor de 1.263. Al tiempo se logró la captura de más de 293 personas por el delito de fraude a resolución administrativa, quienes aun teniendo su licencia suspendida, seguían conduciendo.  

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Sin perjuicio de lo anterior, por primera vez en la historia la Superintendencia de Transporte reconoce que ese comportamiento puede estar violando también el estatuto de transporte, lo cual somete a los infractores a una investigación administrativa ante la Superintendencia. Por lo tanto, se formularon cargos contra cinco personas, quienes presuntamente estaban prestando el servicio de transporte público en vehículos particulares.

Los infractores ya están involucrados en una posible infracción del Código Nacional de Tránsito, exponiéndose a multas equivalentes a treinta (30) salarios mínimos legales diarios vigentes (smldv).

Al respecto, el Superintendente de Transporte Camilo Pabón Almanza aseveró que “el transporte ilegal es una amenaza para nuestra sociedad. De una parte, porque compiten de forma desleal con los empresarios que sí cumplen la ley, y de otra parte porque están poniendo en riesgo de lesión o muerte a los usuarios, ya sea por accidentes de tránsito o por el contagio de enfermedades como el coronavirus COVID-19”.

Finalmente, el Supertransporte Pabón dijo “los usuarios deben ser responsables y no exponer de forma irrazonable sus vidas al abordar transporte ilegal”.