Procuraduría se pronunció sobre proceso contra el Gobernador del Magdalena
El caso en mención venía siendo investigado desde 2015 cuando Caicedo era Alcalde de Santa Marta.
El ente de control dijo que Carlos Caicedo (Izquierda) no participó en la campaña electoral de Rafael Martínez (derecha) en 2015. Foto: Cortesía: Alcaldía de Santa Marta
La Procuraduría General de la Nación ordenó archivar de manera definitiva la actuación disciplinaria en la que estaba involucrado el hoy gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien según una demanda, habría participado en la campaña política de su sucesor en la Alcaldía de Santa Marta, Rafael Martínez, en 2015.
De acuerdo con la querella presentada por el dirigente político Eduardo Díazgranados, Caicedo permitió que Martínez mostrara un mismo discurso, emblema e imagen corporativa de la administración, a través de la propaganda electoral.
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Asimismo, el entonces burgomaestre Caicedo Omar presuntamente infringió la Ley de Garantías al inaugurar algunas obras públicas y programas sociales, coincidiendo con la campaña política de su copartidario, además logrando la contratación de por lo menos 8 personas para que a través de órdenes de prestación de servicios fungieran como contratistas en diversas dependencias de la Alcaldía.
Estas y otras causales presentadas por Diazgranados han sido declaradas por el ente de control como inexistentes o atípicas, dado que el investigado “no incurrió en las faltas disciplinarias alusivas a la prohibición de participar en política y en el desconocimiento a las restricciones propias de la Ley de Garantías Electorales”.
De acuerdo con la parte resolutiva del caso, Caicedo no intervino en el control de propaganda política con el propósito de favorecer al candidato Rafael Martínez, ni tampoco hubo tal acuerdo deliberado para armonizar los símbolos y emblemas con los de la administración distrital y confundir a los votantes.
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También se aclara que, “si bien efectuó unas contrataciones directas dentro de los 4 meses anteriores a las elecciones locales, estas se encontraban en el marco de la legalidad. Del mismo modo, en los eventos de inauguración de obras públicas y programas sociales no hay evidencia de la participación de algún candidato a las elecciones o vocero de campaña”.
Previo a este fallo, el Gobernador había manifestado que “las élites familiares tradicionales tienen un plan de desprestigio a través de una asfixiante persecución judicial con el propósito de apartarnos de la esfera política que nos ha otorgado el pueblo. Denuncian hechos que no son ilegales y después van a los medios de comunicación a multiplicar su estrategia”.