Judicial

A detención domiciliaria alcalde de San Juan de Betulia

Un juez de Corozal, Sucre, ordenó la detención en su lugar de residencia contra Juan Manuel Hoyos Angulo.

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Un juez de Corozal, Sucre, acogió los argumentos de la Fiscalía General de la Nación e impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra del alcalde y el secretario de salud del municipio de San Juan de Betulia, Sucre, junto a un contratista, y judicializó a dos asesores del Municipio y a un particular, por presuntas irregularidades en el contrato de adquisición de los kits de alimentos para atender a la población por la emergencia sanitaria.

El despacho judicial ordenó la detención en su lugar de residencia contra Juan Manuel Hoyos Angulo, alcalde de San Juan de Betulia, Sucre; John Arrieta Torres, secretario de salud; John Buelvas, Contratista; y Pablo Fernández Caro, contador público. Además, impuso medida no privativa de la libertad contra David Herazo Herazo, asesor jurídico del Municipio, y dejó en libertad a Pedro León Sierra, asesor económico, y al particular Julio Tuirán García.

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El ente investigador imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en provecho de terceros y propio, y uso de documento público falso, pues en la suscripción del contrato de suministro se habrían desconocido los principios de selección objetiva, transparencia, planeación, economía, idoneidad, entre otros.

Para la Fiscalía el alcalde Juan Manuel Hoyos Angulo tramitó y celebró el contrato CUM 001-2020 con la fundación Fundess, representada por el señor Jhon Dairo Buelvas Hoyos, con un documento público, al parecer, adulterado.

El contrato tenía como objeto el suministro de 1.000 kits de alimentos no perecederos con destino a la población vulnerable del municipio de San Juan de Betulia. 

La investigación arrojó que en la financiación y ejecución habrían intervenido personas que no tenían ningún vínculo con el contrato, entre estos, el padre del alcalde y un concejal del municipio de Buena Vista que fingió, ante los investigadores, ser el asesor económico del Municipio. Dicha contratación tendría sobrecostos.