Superservicios abrió nuevas indagaciones a empresas de acueducto y alcantarillado
Las empresas en averiguación preliminar prestan sus servicios en municipios de Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Quindío, Tolima, Huila y Casanare.
La indagación se abre ante denuncias por cobros no autorizados durante la época de aislamiento preventivo obligatorio por COVID-19.. Foto: Colprensa
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios confirmó que abrió ocho nuevas averiguaciones preliminares contra empresas de acueducto y alcantarillado, en desarrollo de las acciones de control iniciadas por la entidad ante denuncias y reclamos de usuarios por presuntos cobros no autorizados durante la época de aislamiento preventivo obligatorio por COVID-19.
Ante el escenario, la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño, manifestó que: “con el inicio de estas indagaciones ya sumamos 30 acciones administrativas; 26 de estas contra prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, 2 de energía y 2 de gas, que deberán responder por reclamos relacionados con presuntos cobros indebidos y facturación por promedio”. La Superintendencia establecerá si hubo incumplimiento a la regulación para determinar otras actuaciones administrativas o sancionatorias a las que haya lugar; o si estaban amparados en alguna norma o disposición legal.
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Las ocho empresas a las que se inició indagación preliminar por presuntos cobros irregulares durante la cuarentena son: Hidropacífico, en Valle del Cauca; Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Madrid, en Cundinamarca; Empresas Públicas de Vegachí, en Antioquia; Empresa Multipropósito de Calarcá, en Quindío; Empresa de Servicios Públicos San Agustín, Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito y Empresa de Servicios Públicos de Natagaima, en Tolima; y la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Maní, Casanare.
Entre tanto, la entidad aseguró que adelanta los procedimientos de averiguación preliminar, abiertos en junio, contra las empresas de energía Enel-Codensa y Cedenar; de gas combustible Alcanos y Gases del Caribe; y a las empresas de acueducto y alcantarillado de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Santa Marta, Pereira, Manizales, Popayán, San José del Guaviare y de otros 10 municipios del país.