Indagan chequera de la Policía por posible favorecimiento a firmas ligadas con expolicías
La Procuraduría se prepara para llamar a la general Yolanda Cáceres Martínez, cabeza de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía (Diraf).
Indagan chequera de la Policía por posible favorecimiento a firmas ligadas con expolicías. Foto: Colprensa
La Procuraduría General de la Nación decidió adelantar una profunda investigación a la Inspección General de la Policía Nacional.
El órgano de control indaga si efectivamente existe un presunto favorecimiento a dos firmas que supuestamente se han quedado con la mayoría de los contratos de compra de tanquetas y carros blindados y en las que ahora trabajan expolicías que antes se encargaban de los procesos de compra.
Al respecto, EL TIEMPO estableció que la Procuraduría se prepara para llamar a la general Yolanda Cáceres Martínez, cabeza de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía (Diraf), oficina considerada la ‘chequera’ de la Policía.
Esto luego de que se supiera que dos contratos de compra de tanquetas para el Esmad y de carros blindados para la Policía de Tránsito le fueron adjudicados entre el 12 y el 31 de marzo pasados por más de 12.000 millones de pesos a la firma 7M Group.
La oficial llegó a ese cargo en marzo de 2018 y fue ratificada por el director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, razón por la que también se está verificando si es cierto que acudió al general para desestimar las denuncias y solicitar su archivo.
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La presunta irregularidad se observa es que entre la información que figura en el expediente se señala que el capitán (r) Luis Eduardo Espinosa pasó de ser el responsable de seguimiento contractual de la Diraf a director comercial de 7M Group.
Investigadores le dijeron a EL TIEMPO que esa es una de las firmas que aparece en el expediente, abierto desde mayo de 2019, bajo el rótulo GRUTE-2019-34.
Igualmente, figura Carlos Arturo Flórez, quien fue responsable de mantenimiento de vehículos en la Diraf y luego pasó a trabajar como representante de Union Motor Group.
Esa firma, al igual que 7M, es liderada por el tolimense Martín Ricardo Manjarrés Cabezas, quien enfrenta una investigación con pliego de cargos por posibles actividades que violarían la libre competencia en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Pero eso no es todo. El expediente de la Inspección General que aperturó la Procuraduría tambien señala a la empresa Kobe, liderada por Marcela Montes Zuluaga, esposa de Manjarrés. Y ambos nombres figuran en los reportes ahora en manos de la Procuraduría.
“Al parecer, se busca direccionar los estudios de conveniencia y oportunidad a favor de las empresas 7M Group y Kobe, para la adquisición de vehículos”, señala la denuncia que acompaña los oficios .
“En los últimos tres años, estas dos empresas (las de los esposos Manjarrés-Montes) se han quedado con el 76 por ciento de los contratos (de vehículos)”, se asegura en otro reporte.
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