Hallazgo fiscal por $5.364 millones por 'elefante blanco' en casas fiscales para Policía

La W conoció en exclusiva una decisión trascendental en uno de lo casos más polémicos que ha sacudido a la Policía Nacional: se trata del hallazgo fiscal por $5.364 millones que declaró la Contraloría General de la República por la inadecuada planeación, uso improductivo, gestión fiscal antieconómica e ineficaz en la construcción de 51 casas fiscales para la segunda etapa del proyecto Ciudadela Policial en el Centro Nacional de Operaciones de la Policía en San Luis, Tolima. 

Un contrato entre el Fondo Rotatorio de la Policía y la firma Socar Ingeniería, firmado en 2012, y que hoy es un elefante blanco al tener avances nulos en ocho años.

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También se configuró este hallazgo fiscal que incluye $232 millones por la fallida interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y legal, que estaba a cargo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Este es un caso que resulta polémico debido a dos asuntos. El primero, que involucra al Mayor General Óscar Atehortúa Duque, hoy director de la Policía Nacional, y quien fue director del Fondo Rotatorio de la Policía durante la ejecución del contrato, entre 2014 y 2015 (estuvo en ese cargo entre marzo 2014 a abril de 2016). Precisamente por este asunto la Procuraduría adelanta un juicio fiscal en su contra, se investiga si podría haber faltado a su deber de revisar esta obra.

Y el segundo, que hace un año la Contraloría configuró un hallazgo administrativo y un hallazgo disciplinario, por eso el caso llegó a la Procuraduría General. Esos hallazgos fueron resultado de una auditoría al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, donde se evaluó el contrato en mención, etapa precontractual, contractual y poscontractual.

Sin embargo, después de esa alerta emitida por el ente de control, el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, no puso en marcha estas obras que ya son consideradas un tremendo 'elefante blanco' que suma más de $5.300 millones.

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Y un detalle muy importante: La W tiene en su poder la notificación enviada al ahora director general de la Policía Nacional, Mayor Óscar Atehortúa, por parte del contralor delegado del sector Defensa y Seguridad, Sebastián Montoya, sobre este hallazgo. Sin embargo, se la notifica es porque él es uno de los denunciantes de este caso, fue quien inició el proceso de cláusula penal pecuniaria del contrato en 2015.

Ahora lo que viene es el proceso de responsabilidad fiscal en el que con una revisión de cronología, acciones, escuchar a contratistas, interventor, funcionarios de la Policía, se determinará quiénes son los responsables fiscales.