Es urgente tomar medidas para garantizar la operación virtual de los despachos judiciales

La justicia es la única rama del poder púbico que no se ha adaptado a las nuevas realidades impuestas por la pandemia del COVID-19, por eso es urgente tomar medidas para garantizar la operación virtual de todas las funciones de los despachos judiciales. Así lo alertó el penalista, Juan Camilo Bolaños. 

Además dijo que “los despachos judiciales no pueden seguir inoperantes de manera indefinida luego de las nuevas medidas de aislamiento inteligente, ordenadas por el Gobierno Nacional”, luego de conocer el nuevo decreto del Gobierno Nacional que prorroga hasta el 11 de mayo la cuarentena obligatoria.  

Juan camilo Bolaños asegura que la prolongación de las condiciones de inoperancia de los juzgados “genera una situación de anarquía que empeora la situación” y añade que se hace necesario que se adopten “medidas urgentes para garantizar la operación virtual de los despachos judiciales en sus distintas especialidades y con atención a sus diferentes necesidades”.  

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Bolaños afirma que la Rama Judicial no puede seguir siendo hoy, el único poder público que se encuentra paralizado. 

Señaló que la operación de las distintas jurisdicciones: ordinaria, civil, laboral, agraria, administrativa y penal, “ha optado por detener su operación por completo, limitándose a incentivar el trabajo en casa por parte de los distintos funcionarios bajo la dirección del titular de cada despacho. Situación que resulta compleja dada la imposibilidad de acceder al archivo, la ausencia de identidad digital para cada funcionario y la escasez de herramientas tecnológicas”.

 Para el abogado antioqueño, se necesita con urgencia implementar tres aspectos fundamentales para la operación de los juzgados durante la emergencia sanitaria:  

1. La identidad digital de despachos y cada uno de sus funcionarios con una cuenta electrónica personal, que les permita acceso a la gestión documental y a su vez a las herramientas disponibles para el desarrollo de su actividad. 
2. Autorización para el uso de herramientas abiertas, ofrecidas por distintos desarrolladores de software que permitan, según la disponibilidad de acceso de cada funcionario: soportar la operación en niveles mínimos requeridos, almacenar el registro de las diligencias y guardar la documentación del expediente virtual. 
3. Definición de protocolos mínimos que armonicen el ecosistema normativo existente desde 1996 a la fecha, de tal manera que la eficiencia en la operatividad, guarde respaldo en la legalidad y eficacia de los procedimientos. 

En su análisis, Bolaños, magister en política criminal, dijo que la justicia ha sido incapaz de modernizar su operación ajustándola a las nuevas tecnologías y afirmó que “infructuosamente la justicia ha intentado, desde el año 1996 con la expedición de la Ley 270 “estatutaria de la administración de justicia”, promover la modernización de su operación haciendo uso de las nuevas tecnologías”. 

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