Tres contratos fueron intervenidos por la Contraloría en Nariño
Un contrato de suministros hospitalarios de la Gobernación y dos contratos más en Tumaco vinculados a la crisis por la pandemia están en la investigación del ente de control
Contraloría-Archivo. Foto: Colprensa
La Contraloría decretó la intervención funcional de oficio sobre unos objetos de control fiscal en un contrato para la compra de insumos, equipos y elementos hospitalarios para atender la emergencia producida por el COVID-19 por un valor superior a los $5.931 millones de pesos, el contrato fue suscrito por la Gobernación de Nariño y International Hospital Supplies S.A.S y su representante legal Segundo Yobanni Izquierdo Estrella.
Foto: Informe de intervención Contraloría
El contrato vincula la adquisición de varios equipos especializados, equipo médico, accesorios y suministros para instituciones de salud para atender la emergencia sanitaria por el COVID-19. como monitores de signos vitales, monitores con capnografía touch screen, desfibriladores, bombas de infusión, succionadores, camas hospitalarias, ventiladores fijos, fonendoscopios, oxímetro de pulso (pulsoximetro) entre otros elementos
Le puede interesar: Nariño: Muere indígena en choques con la fuerza pública
Los otros dos contratos que se intervienen están en el municipio de Tumaco, el primero para la adquisición de paquetes alimenticios para población vulnerable, adulto mayor, y agua para para habitantes de la zona urbana del distrito, como medida de atención ante el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno nacional en el marco de la emergencia generada por el brote de enfermedad por coronavirus (COVID19) por un valor de $535 millones de pesos, firmada entre la alcaldía del Puerto y la Asociación Mujer y Género.
Foto: Informe de intervención Contraloría
Otro contrato para la adquisición de paquetes alimenticios para población vulnerable, adulto mayor, y agua para para habitantes de la zona rural del distrito de Tumaco, como medida de atención ante el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno nacional en el marco de la emergencia generada por el brote de enfermedad del COVID-19 por un monto de $500 millones de pesos, contratada con la Fundación Compartir.
Los entes involucrados en Nariño responderán en las próximas horas ante el requerimiento del ente de control nacional y solicitarán aclaración en la argumentación de la Contraloría para determinar con exactitud las supuestas inconsistencias en la ejecución de los contratos.