Dos condenas y dos imputaciones por casos de presuntas irregularidades en pensiones

La Fiscalía General de la Nación continúa en su lucha contra los actos de corrupción en los que se ven afectados los recursos de los colombianos relacionados con pensiones.

En el transcurso de la semana se han reportado cuatro casos en los que dos personas fueron condenadas y otros dos fueron imputados.

Condena por solicitar dinero de madre que había fallecido

El Juzgado 6 Penal del Circuito de Barranquilla condenó a 4 años y 2 meses a Margarita Isabel Mendoza Bolaños, por los delitos de estafa agravada, uso de documento falso, y falsedad en documento privado homogéneo.

Los hechos por los que fue condenada están relacionados con los cobros ilegales que se estaban realizando pese a que su progenitora había fallecido. Para lograr los pagos la mujer estaría presentado certificados de supervivencia falsos.

Condena por presentar documentación falsa que suponía una convivencia

Cesar Augusto Lozano Pérez recibió una condena de 6 años de prisión por el delito de fraude procesal. El Juzgado 13 Penal del Circuito de Cali impuso medida privativa de la libertad.

Lozano Pérez habría presentado documentos falsos fingiendo ser compañero permanente de la causante para obtener los beneficios pensionales. Durante el proceso, los hijos de la beneficiada negaron tal relación, lo que culminó en condena.

Imputaciones por irregularidades en certificación de pensión gracia

Fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción realizaron imputaciones ante jueces de control de garantías contra Delia Tilcia Sierra De Pereira, y Pacífico Cifuentes Rozo, por los delitos de fraude procesal, estafa y falsedad ideológica.

Las dos personas tienen procesos independientes pero están relacionados con presuntas

irregularidades que habrían ocurrido al presentar certificaciones falsas para obtener la reliquidación de la pensión gracia.

A la fecha, por casos de pensiones, la Fiscalía General de la Nación adelantainvestigaciones contra 206 personas, 23 de ellos funcionarios al momento de su captura, 40 exfuncionarios y 143 particulares.