“Las víctimas deben ser el centro de la implementación del Acuerdo de Paz”: experto

En Colombia, el conflicto armado interno ha dejado una herencia de violaciones y abusos a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. De acuerdo al registro de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, son más de 8 millones[1] de personas que se han visto afectadas por diferentes hechos victimizantes, entre los que resaltan, por  su crueldad, las masacres, ejecuciones, desapariciones forzadas, torturas, los desplazamientos forzados, el reclutamiento de menores y diferentes formas de violencia sexual. Estos hechos, configuran delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra en los términos de la Corte Penal Internacional.

Ante este panorama, el Estado colombiano emprendió el 4 de septiembre de 2012, con el anuncio del entonces Presidente Juan Manuel Santos del inicio de los diálogos de paz con las FARC, el camino para una salida negociada al conflicto, y de esta manera establecer los mecanismos y herramientas de la justicia transicional, instrumento que busca la verdad, justicia, reparación y no repetición; y no debe confundirse con perdón y olvido, o borrón y cuenta nueva.

En este modelo de justicia transicional incluido en el Acuerdo del Teatro Colón de Bogotá, específicamente en el punto 5 del Acuerdo o punto de Víctimas, el Gobierno nacional y las Farc –Uno de los grupos insurgentes más antiguos del continente-, acordaron que más allá del castigo y la participación en política de los exmiembros de este grupo guerrillero, el foco de la gestión e implementación del Acuerdo mismo tendría que ponerse sobre las víctimas.

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Consultamos con el experto Javier Tous, Coordinador Académico de la Especialización en Derechos Humanos de la Universidad del Norte, quien explica los alcances principales del Acuerdo de Paz y su actual aplicación de la justicia: “la justicia transicional entiende que lo más importante y el centro de la transición conflicto-paz o conflicto-posconflicto no va a ser el castigo a los victimarios, sino las víctimas. Esto no significa impunidad. La justicia también es un elemento reparador para las víctimas, además, no aplicar justicia a los máximos responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos constituiría una afrenta contra la humanidad en general”.

Agregó el docente universitario que “dos años después, el foco debería estar en las víctimas. Sin embargo, aún hay cierto estancamiento en discusiones y debates que hicieron parte de las negociaciones y del Plebiscito. Se mantienen ciertas posiciones críticas frente a la participación en política de miembros de las FARC. Se manifiestan descontentos frente a las penas alternativas y amnistías e indultos que se determinarán en el seno de la JEP.

No es que se liberen de toda crítica o análisis las instituciones, procesos y mecanismos encargados de implementar el Acuerdo de Paz. Se trata más bien, de recuperar el foco del asunto, de recalcar las prioridades del proceso, de enfocarnos en las Víctimas y en cómo restablecer las violaciones a los Derechos Humanos y en cómo garantizar que no serán revictimizadas.”

Tous, detalló la labor de los tres organismos vinculados al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, establecido en el punto 5 del Acuerdo de Paz: La Comisión de la Verdad tiene como objetivo esclarecer la verdad histórica y reconstruir la memoria de lo acontecido con ocasión del conflicto armado. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Por qué pasó? ¿A quién le pasó? ¿Quién hizo qué? Cuál fue el papel desempeñado por los distintos actores: paramilitares, guerrillas, ejercito, Estado, sector privado, empresarios, ganaderos y políticos. Por ende, debe establecer la Verdad Integral, teniendo como centro los hechos sufridos por las víctimas y la reconstrucción de la memoria a partir de su participación.

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La Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas ha de establecer lo acaecido con los seres humanos que, como consecuencia del conflicto armado fueron o se encuentran desaparecidos.

La JEP tiene como mandato central, el juzgamiento de los máximos responsables de las violaciones a los Derechos Humanos y al DIH, que se dieron en el contexto del conflicto armado. Así mismo, en el proceso de impartir justicia también ha de establecer medidas de reparación, verdad y no repetición.

Igualmente manifestó su preocupación por la disminución de presupuesto que afronta las entidades pertenecientes al Sistema de Justicia Transicional “han anunciado recientemente recortes presupuestales considerables en su funcionamiento: JEP 30%[2], Comisión 40%[3] y Unidad 68%[4]. Si las entidades no cuentan con presupuestos mínimos para funcionar adecuadamente, se verá afectado de una u otra manera el foco del asunto, esto es, las Víctimas y sus Derechos Humanos, concretamente a conocer la verdad de los hechos, reconstruir la memoria del conflicto, conocer el paradero de sus seres queridos desaparecidos, presenciar el juzgamiento de sus victimarios y recibir medidas tanto de reparación integral como de no repetición” concluyó el experto.

De acuerdo a la explicación presentada por el abogado, Javier Tous, el importante cambio por el que atraviesa el país y todo lo relacionado con los ámbitos del derecho y la política son tratados en los programas de la Universidad del Norte, la cual va encaminada a forjar profesionales que sean capaces de crear y transformar al Caribe y al país.

Proyectarse como agentes de cambio en los ámbitos nacionales e internacionales, reconstruir instituciones, ser miembros de las academias para reducir desigualdades sociales y tener un contacto directo con la realidad política de las regiones, son algunos de los propósitos de los estudiantes de Uninorte.

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