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ONU manifestó preocupación por la vida del personero de Puerto Rico, Caquetá

El representante de la Oficina en Colombia hizo un llamado al Estado colombiano para que brinde garantías y medidas de protección inmediata al personero Herner Carreño.

El representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Alberto Brunori. Foto: Colprensa

El representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Alberto Brunori, manifestó su preocupación por la seguridad del personero de Puerto Rico, Caquetá, Herner Carreño, quien denunció el reclutamiento forzado de niños y niñas, y cuestionó el bombardeo de un presunto campamento de hombres armados en Aguas Claras.

“La Oficina de la Alta Comisionada en Colombia ha registrado dos homicidios de personeros desde 2017, uno de estos casos fue el del predecesor de Herner Carreño, quien fue asesinado en 2017. Su caso ha contado con un seguimiento por parte de la Oficina para impulsar investigaciones que esclarezcan los hechos”, manifestó Brunori, tras una reunión con el personero.

El representante de la Oficina en Colombia le hizo un llamado al Estado colombiano, para que “brinde todas las garantías y medidas de protección inmediata al personero Herner Carreño”, quien “según la información que tenemos habría recibido amenazas” después de las denuncias hechas.

Así mismo, manifestó su confianza que el Estado Colombiano va a conducir las investigaciones sobre el caso de manera “pronta, eficientes e imparciales”, con base en los estándares internacionales para esclarecer lo ocurrido en Aguas Claras, Caquetá, en agosto de este año.

Brunori resaltó que el reclutamiento de niños y niñas menores de 15 años “es una práctica prohibida en el marco del Derecho Internacional Humanitario”, así como que “la utilización de niñas, niños y jóvenes menores de 18 años por parte de grupos criminales está prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos”.

Destacó que desde la oficina de la ONU se viene haciendo seguimiento al caso de Aguas Claras y a otros casos parecidos en la región de Caquetá, y recomendó a Colombia “utilizar todos los estándares del derecho internacional relevantes para garantizar los mayores niveles de protección posibles para los niños, niñas y adolescentes que sufren los efectos de la violencia”.

Aseguró que por ahora no hará público el análisis sobre el marco internacional que se debería aplicar en el caso del bombardeo y le expresó “condolencias y solidaridad con las familias de los niños y niñas que fueron reclutados de forma forzosa, destruyendo su vida, y que murieron en los tristes hechos de Caquetá”.