Estos son los procesos que deberá enfrentar la nueva vicepresidenta de Argentina

El plano económico parece el gran desafío del nuevo Gobierno que liderará Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre, pero no debe soslayarse el rol de la Justicia sobre la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner.

La exmandataria y futura vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, afronta un complejo escenario judicial dada la cantidad de procesos y pedidos de prisión preventiva con los que cuenta.

Mientras el plano económico parece el desafío más importante con el que tendrá que lidiar el nuevo Gobierno que liderará Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre, no debe soslayarse el rol de la Justicia argentina sobre la expresidenta y futura vicepresidenta.

La futura administración deberá designar a los responsables que estarán a cargo de organismos públicos como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), que son querellantes (partes acusadoras) en varios de los casos de corrupción que incumben no sólo a Fernández de Kirchner sino también a sus hijos y a muchos exfuncionarios de su gobierno.

Son 11 los procesos que hoy tiene que enfrentar la vicepresidenta por hechos de corrupción. Hasta esta semana eran 13, pero la Cámara Federal revocó dos (uno relacionado a la obra pública y otro a la importación de gas natural licuado) y confirmó otro por la “cartelización” de obras públicas.

De los 11 procesos, 5 ya llegaron a juicio oral (terminó la etapa de investigación) y ahora otro tribunal deberá determinar su culpabilidad. Entre ellos se encuentra la administración fraudulenta del Estado, lavado de dinero, y el encubrimiento de los presuntos culpables por el atentado a la AMIA.

Los otros seis procesamientos están aún en trámite, entre los cuales se encuentran “los cuadernos de la corrupción” e irregularidades varias en el otorgamiento de subsidios y negociaciones de contratos por obras públicas.

Entonces, las principales dudas que surgen son si los nuevos funcionarios a cargo de los organismos públicos mantendrán las acusaciones contra quienes serán parte del nuevo Gobierno, si desistirán de pedir penas, o si los mismos jueces no avanzan con los casos. De más está decir que el foco también estará puesto en quien ocupe el Ministerio de Justicia.

Pero quizá aún más importante sea estar atentos a lo que suceda en el Tribunal de la Capital Federal, en donde tres de los 12 jueces federales (que llevan adelante los casos de corrupción contra los dirigentes políticos) están en situación de jubilación, es decir, no tienen una fecha fija para sus retiros, pero por su edad están en situación de jubilación, lo cual le podría permitir al nuevo Gobierno acomodar jueces amigables.

Uno de esos jueces es Claudio Bonadío, quien lleva adelante 8 de los 11 procesos de la exmandataria, entre ellas la causa principal conocida como “los cuadernos de la corrupción”, a raíz de la información contenida en unos cuadernos escritos por Óscar Centeno, exchófer de Roberto Baratta, el número 2 y mano derecha del exministro de Planificación Federal Julio De Vido.

Bonadío investiga la supuesta “cartelización” de obras públicas y el pago de sobornos durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015). Esta semana justamente la Cámara Federal de Buenos Aires confirmó el procesamiento de varios exfuncionarios, entre ellos la electa vicepresidenta, acusada de ser la líder de una asociación ilícita que recaudaba fondos de manera ilegal a cambio de la asignación de contratos de obras públicas.

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El gran interrogante es quién ocupará el lugar de Claudio Bonadío y los otros dos jueces cuando finalmente se jubilen. Ese recambio en el Tribunal de la Capital Federal será determinante para todos los exfuncionarios involucrados en el proceso.

Cabe mencionar que antes de las elecciones el presidente electo Alberto Fernández declaró estar en contra de las prisiones preventivas y que algunos jueces deberían dar explicaciones por sus fallos. Con lo cual cabría preguntarse si los jueces cambiarán su comportamiento después del 10 de diciembre.

Otro de los puestos importantes será el del Procurador General de la Nación, el jefe de todos los fiscales encargados de pedir las condenas a los acusados, cargo que hoy ostenta Eduardo Casal de forma interina.

Indicios que muestran cambios

Luego de conocidos los resultados de las elecciones primarias de agosto, en las que la fórmula Fernández-Fernández se impuso por 15 puntos porcentuales a la coalición liderada por Mauricio Macri (47% a 32%), la Cámara Federal anuló procesos y excarceló no sólo a exfuncionarios kirchneristas sino también a varios empresarios ligados a la familia Kirchner.

Por otro lado, comenzaron a moverse en los tribunales casos judiciales que llevaban años “dormidos” y que involucran tanto a funcionarios de la gestión de Mauricio Macri como a su familia. Esto puso inevitablemente en el centro de la discusión a la Justicia, y genera desconfianza en el criterio de algunos jueces que parecieran moverse de acuerdo a los resultados electorales.

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Uno de los casos es el del exministro de Energía Juan José Aranguren, acusado por “negociaciones incompatibles con la función pública”, ya que se habría beneficiado con la compra de hidrocarburos a la petrolera Shell, empresa en la que había sido director ejecutivo de la filial argentina en el período 2003-2015. Dejó Shell para ser ministro de Energía y Minería (cargo que ocupó hasta junio de 2018), pero autorizó compras cuando aún poseía acciones de la petrolera.

Lo curioso es que el expediente tiene más de tres años en la Justicia, y Aranguren fue llamado a indagatoria luego de las elecciones primarias. Algo similar ocurrió con Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción. Su expediente también lleva más de 3 años en la Justicia, y es acusada de no haber investigado como corresponde a Aranguren.

El resultado final de las elecciones presidenciales del pasado 27 de octubre no fue tan abultado (48% a 40%). Si bien el escrutinio definitivo no está hecho, la diferencia es bastante menor a la que se esperaba y esto quizás aplaque los repentinos cambios que se vieron en la Justicia Federal después agosto.