Fiscalía imputa cargos a 30 excontratistas de Cardique
Se trata de la segunda fase de investigación por irregularidades que se habrían presentado en esa corporación autónoma regional.
La Fiscalía General de la Nación anunció que en una segunda fase de investigación que adelanta por presuntas irregularidades en la contratación en la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Cardique, fueron imputados, este miércoles, 30 de los 40 excontratistas que son investigados.
Según el ente de control, se trata de la celebración de 35 contratos en 2016, que habrían representado un detrimento de más de $4.300 millones, afectación que se habrían concretado tras la celebración de contratos para la limpieza de arroyos y reservorios, “procedimiento para el cual además habrían sido adulterados documentos privados, además de omitir el cumplimiento de los requisitos de ley en la suscripción de los referidos contratos”.
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Los delitos por los que fueron imputados son: peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia, y falsedad en documento privado.
Los contratistas imputados fueron: Jonathan Alberto Sanguinete, Carlos Joaquín Fuerte, Oswaldo Rafael Jurado Cumplido, Ana Milena Herrera, Gustavo Enrique Cardona, Luis Francisco Pérez, César Augusto Angulo, Alba Marina Jaimes, Jonathan Maldonado Jaimes, Vicente Román Cumplido, Norma Hernández Castillo, Abraham Álvarez Díaz, Juan Carlos Sánchez, José David Díaz, Yelena Patricia Guerra, Clara Luz Zollmer, Alexis Vega Vega, Vladimir Marrugo De Voz, Álvaro Alfonso Arrieta, Joiser Martínez Álvarez, Sujey María Bermúdez, Merlys Johana Terán, Mercy Adela Payares, Lilibeth Nayibe Ariza, Moisés Armando Martín Padilla, Edilberto Julio Padilla, Rubén Darío Gómez, Samir del Cristo Zirene, Esperanza Hueje Lozada.
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En la primera fase de esta investigación fueron imputados seis exempleados de Cardique: su exdirector Olaf Puello Castillo, la exsubdirectora, Katherine Martelo Fernández, fueron enviados a la cárcel. Los otros imputados fueron cobijados con medidas no privativas de la libertad.