ANDI rechaza proyecto de ley de Pago a Plazos Justos por restringir la libertad de empresa

Se trata de un documento de 22 páginas enviado al Congreso de la República, por parte de la ANDI, donde rechaza rotunda y tajantemente los proyectos de ley de Pago a Plazos Justos de grandes empresas a proveedores.

Habla específicamente del proyecto número 181 de Cámara y 185 de Senado en los que recordemos, se estableció un plazo de pago a 60 días y una transición de 3 años hasta llegar a los 45 días, y cuya vigilancia y control estaría a cargo de la Superindustria. Dice el gremio que se está restringiendo a la libertad de empresa y la libre iniciativa privada. Y que no ha identificado en ninguna de las exposiciones de motivos, la sustentación rigurosa constitucional que justifique dicha restricción.

También señala que acoger la propuesta del Proyecto de Ley de Pronto Pago afectaría de manera sensible a las empresas del sector de la salud, ya que se verían obligadas a cancelar algunas de sus cuentas por pagar, a pesar de que su cartera está a más de 190 días... afectando de esta forma su capital de trabajo, generando presiones sobre el sistema financiero y al mismo tiempo sobre la tasa de interés.

Además, que aspectos como consolidar la concepción de cadena, fortalecer la estrategia de encadenamientos y avanzar en los temas de calidad se obstaculizarían con los proyectos en discusión, por lo que van en contravía del fortalecimiento de las cadenas productivas al limitar su capacidad de acción y la posibilidad de negociación entre sus eslabones.

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Para la ANDI, establecer plazos de pago por ley generaría una distorsión artificial en la economía con graves consecuencias como la discriminación entre las empresas, el aumento de las importaciones con la afectación de la balanza comercial y cambiaria. Igualmente, justifican que implicaría un mayor endeudamiento de las empresas abastecidas por los bienes y servicios.

Temas como la competitividad, el cambio constante en las reglas de juego, la difícil adaptación de las empresas a los cambios en regulación y una mayor inflexibilidad que puede impactar las relaciones comerciales, otras de las desventajas citadas.

Y habla la ANDI de otro sector específico, el manufacturero. Indica que estas compañías tienden a tener procesos productivos más largos y complejos, y dice que se tendría entonces que, al imponer plazos límites para las facturas, se podría llegar al caso donde el mismo proceso de producción de un subsector o producto específico, superara el plazo para cancelar sus facturas, por lo que deberán costear el 100% del proceso sin haber puesto en el mercado su producto.

Y resalta que esto tiene grandes implicaciones para el bolsillo de los colombianos, debido a que el precio de los bienes y servicios es un conjunto complejo de variables a considerar, donde el mercado fija las reglas. Entonces, al momento de afectar los plazos de pago por regulación o por fuera del mercado, podría generar un alza de precios, perjudicando los consumidores.