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Sigue sin definirse la reubicación de los vendedores informales en Tunja

El magistrado Felix Alberto Rodríguez, del Tribunal Administrativo de Tunja, determinó desacato para ejecutar la política de reubicación.

Los vendedores han solicitado que se adquiera un inmueble que pueda acoger a todos los afectados. Foto: Getty Images

En una audiencia que se llevó a cabo en el día de hoy, con respecto a la reubicación de los vendedores informales de la ciudad de Tunja. El magistrado Felix Alberto Rodríguez del Tribunal Administrativo de Tunja, determinó desacato para ejecutar la política de reubicación, y sugirió que los vendedores se reúnan con funcionarios de la alcaldía para que dialoguen y se solucione de manera pronta y eficaz la situación de los vendedores.

“No se ha empezado el proceso de traslado de los señores vendedores, esto tiene unas consecuencias y no vamos a seguir echando carreta. Sencillamente vamos a aplicar las consecuencias, esa es la decisión de este despacho. No se ha terminado de hacer la adecuación”. Aseguró el magistrado

Hay que recordar que los vendedores han acudido a recursos como derechos de petición y tutela, para solicitar que la administración busque un inmueble que sea acorde a las necesidades de los comerciantes, pero nunca fueron escuchados. Según ellos, el inmueble que adquirió la alcaldía solo puede beneficiar a 40 vendedores informales, de los 185 afectados. Y También, que nunca se hicieron los estudios adecuados para la respectiva adquisición.

Por otro lado, la alcaldía ha recibido denuncias por presuntas irregularidades en la adquisición del inmueble, ya que presenta un sobrecosto tras comprarlo por 1.992 millones. El Secretario de Gobierno, Fabio Martínez, dijo que no había ningún sobrecosto ya que el avaluo catastral de 2017 del inmueble era de 1.100 millones, y que al 2019 hubo un incremento del valor comercial. El alcalde por su parte, aseguró que se trata de intereses políticos y que todo el proceso cumple todos los requisitos.

En relación a esto, el magistrado manifestó que los organismos de control son los encargados de verificar si hay irregularidades en la compra del inmueble, pero nunca se ha hecho una investigación por parte de estos entes reguladores.