Expresidente de Perú, Alejandro Toledo, seguirá en prisión de Estados Unidos

El juez estadounidense que lleva el caso de extradición del expresidente de Perú Alejandro Toledo (2001-2006), acusado en su país de corrupción, decidió este jueves mantenerlo en prisión por lo menos otras dos semanas, a la espera de resolver finalmente sobre su posible libertad bajo fianza.

El exmandatario lleva encarcelado desde el pasado 16 de julio, cuando el Buró Federal de Investigación (FBI) entró en su casa de Menlo Park (California, EE.UU.) para detenerle, y halló un maletín con 40.000 dólares en efectivo que el magistrado usó en una primera instancia como prueba de que existía riesgo de fuga.

Pese a haberle sido denegada la libertad bajo fianza en una primera vista a finales de julio, Toledo cambió de abogado, y su nuevo defensor pidió al juez Thomas Hixson, del distrito Norte de California, que reconsiderase su decisión en base a la nueva documentación aportada.

Este jueves, cuando en principio Hixson debía ratificarse o modificar su decisión previa, el magistrado aseguró necesitar más tiempo para tomar una decisión en firme sobre la posibilidad de que Toledo salga en libertad bajo fianza, y fijó una nueva vista para el 12 de septiembre a las 10.00 hora local (17.00 GMT).

El juez sí se mostró preocupado por la situación en la que se halla el exmandatario peruano, en una celda de aislamiento en prisión, y preguntó a la Fiscalía si existen alternativas para que pueda salir del confinamiento en solitario.

Pese a no ser considerado un preso peligroso, Toledo está en aislamiento por su elevado perfil político, ya que los responsables de la prisión de Santa Rita (California) consideran que es la única manera de la que disponen para garantizar su seguridad.

El abogado de Toledo, Graham Archer -asignado de oficio al asegurar el acusado que no puede hacer frente financieramente a los costes de un defensor privado- reiteró ante el juez que el expresidente tiene fuertes vínculos personales con el área de la Bahía de San Francisco y que no existe riesgo de fuga.

Al ser cuestionado por la Fiscalía sobre el derecho de Toledo a recibir un abogado de oficio (desde el Gobierno ponen en duda que el expresidente realmente no pueda costearse su defensa), Hixson explicó haber revisado la documentación financiera presentada por las partes y haber resuelto que este sí le corresponde.

A la audiencia del jueves 29 de agosto volvió a asistir como miembro del público la esposa de Toledo, Éliane Karp, sobre quien también pesan sospechas de corrupción y a quien el exmandatario dedicó varios besos al aire pese a las advertencias de los responsables de seguridad de la corte, que terminaron ubicándose entre ambos para que estos no pudiesen tener contacto visual.

Toledo está acusado de haber recibido hasta 35 millones de dólares de Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña en sus negocios en Perú cuando él aún era presidente, y ha pasado los últimos dos años prófugo de la Justicia peruana en EE.UU., donde reside en la localidad de Menlo Park, cerca de San Francisco.

El expresidente siempre ha defendido que las acusaciones en su contra son una mentira, fruto de la "persecución política" que sufre por parte de sus "enemigos", aun cuando cada vez se corroboran más pruebas que apuntan a que recibió grandes cantidades de dinero de Odebrecht y utilizó mecanismos de blanqueo de dinero para ocultar su origen.

Al margen de este proceso, el pasado marzo Toledo fue arrestado cerca de su domicilio por un caso de embriaguez pública y no pasó más que una noche en el calabozo de una comisaría, un caso que el exmandatario calificó de "complot" y que negó hasta que las autoridades confirmaron el hecho.