Error del Gobierno y del Congreso habría dejado a los aforados sin sistema de juzgamiento

Por un error que al parecer es involuntario, el Ministerio de Justicia tramitó una reforma que eliminó 12.000 leyes obsoletas anulando de paso las que permitían a la Corte Suprema investigar y juzgar a aforados constitucionales, el proyecto de ley con el listado de normas a sepultar se concretó con el exministro Enrique Gil Botero, en el Gobierno presidente Santos, y contó con la bendición de su sucesora Gloria María Borrero, ya en el Gobierno Duque.

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Con la depuración normativa, el Congreso eliminó la Ley 600, es decir el procedimiento legal bajo el cual la Corte Suprema de Justicia procesa a los aforados en Colombia. En el listado de leyes obsoletas se incluyó esta norma pese a que está totalmente vigente para el procesamiento de congresistas, magistrados y otros altos dignatarios con fuero constitucional.

Por esa razón la Corte Suprema, emitió una carta a la secretaría jurídica de la Presidencia de la República, en la cual señalaba la inconveniencia de la derogatoria de la Ley 600 de 2000 (Código de Procedimiento Penal de 2000), por la sería afectación para los 848 expedientes que tramita en la actualidad la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia: 237 en la Sala de Casación Penal, en segunda instancia o recursos de revisión o casación; 520 en la Sala Especial de Instrucción, básicamente contra congresistas o excongresistas; y 91 en la Sala Especial de Primera Instancia.