Extorsión carcelaria en la cárcel de Picaleña
La estructura delinquía en la modalidad tío-tío desde la cárcel Coiba Picaleña de Ibagué (Tolima), donde se encuentra recluido su presunto cabecilla.
Por solicitud de una fiscalía especializada Gaula de Villavicencio (Meta), que adelanta la investigación, el juez sexto penal de control garantías de Ibagué (Tolima) afectó con medida de aseguramiento a 4 hombres y 2 mujeres, como presuntos integrantes de la estructura delincuencial Los Manyoma, por los delitos de concierto para delinquir con fines extorsivos, en concurso con extorsión consumada y tentada.
Tres de los procesados aceptaron cargos. Se trata de Jhon Jairo Barraza Ramírez, supuesto cabecilla, y Oscar David Cubillos Ospina, quienes cumplirán la medida en establecimiento carcelario, y Diana Marcela Trujillo Suárez (esposa de Barraza Ramírez), cobijada con detención domiciliaria con brazalete electrónico, por ser madre lactante.
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Por otra parte, Fredy Fernando Garzón Ávila y Roberth Andrés Correa Guzmán no admitieron su responsabilidad. Al primero, el juez le impuso medida no privativa de la libertad por padecer diabetes tipo C que le causó ceguera y tiene estado de salud complejo, mientras que al segundo le dictó detención domiciliaria con vigilancia mediante brazalete electrónico.
La sexta presunta integrante es Vivian Giseth Aldana Salas, quien al igual que el posible cabecilla fue notificada en la cárcel por los nuevos cargos, y permanecerá privada de la libertad con medida de aseguramiento en el centro penitenciario de Rivera (Huila).
Cuatro de los investigados fueron detenidos mediante orden judicial por servidores del CTI componente Gaula Militar, entre el 26 y 27 de junio pasado en Bogotá, Ibagué (Tolima) y Rivera (Huila).
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Según el ente acusador, estas personas estaban dedicadas, al parecer, a la extorsión bajo la modalidad tío-tío, bajo la posible coordinación de Jhon Jairo Barraza Ramírez, recluido en la cárcel Coiba Picaleña de la capital tolimense, donde purga una condena de 25 años de prisión por los delitos de secuestro simple y hurto.
La investigación permitió identificar a 33 víctimas de 16 departamentos, que fueron constreñidas para enviar grandes sumas de dinero. Las pérdidas por las exigencias económicas de las que fueron objeto ascienden a $56.027.000.