Magistrada Lombana impugnará tutela contra sus compañeros de sala
Para los magistrados del Consejo de Estado, la prohibición no es razonable a pesar de que busca relaciones respetuosas entre las personas.
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana. Foto: Colprensa(Thot)
Tras la decisión del Consejo de Estado de negar la acción de tutela interpuesta por la Magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, contra sus compañeros de la Sala de Instrucción, fuentes consultadas por La W explicaron que la togada impugnará en segunda instancia dicha decisión.
La Magistrada Cristina Eugenia Lombana Velásquez interpuso acción de tutela contra la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por considerar que separarla del conocimiento de los procesos penales adelantados contra el senador Álvaro Uribe Vélez constituían una vía de hecho y violaban sus derechos fundamentales a la igualdad, no discriminación, buen nombre, honra y debido proceso.
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de primera instancia, negó el amparo solicitado por la magistrada, por considerar que la autoridad judicial accionada, en ejercicio de los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, dio un alcance probatorio coherente y válido a los documentos allegados al proceso ordinario e interpretó de forma razonable la normativa y los criterios jurisprudenciales aplicables al caso concreto que, a pesar de no resultar satisfactoria en su integridad a la tutelante, no se puede colegir que su actuación fue contraria a Derecho.
Para el Consejo de Estado, las decisiones adoptadas por la Sala Especial de Instrucción se adecuan a la normativa constitucional y particularmente a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, al concluir que la condición de militar activa de la señora Lombana Velásquez afectaba el régimen de incompatibilidades de los servidores judiciales.
El Consejo de Estado señaló que el régimen de incompatibilidades en la Rama Judicial está previsto precisamente para evitar que en el funcionario judicial concurran condiciones que le imposibiliten el ejercicio de su cargo de manera independiente e imparcial desprovisto de cualquier influencia, interés o prejuicio que desdibuje la apariencia de imparcialidad y desconozca el derecho convencional de las partes a ser oídas por un juez que ofrezca garantías objetivas de actuar solo conforme a derecho. Finalidad esta que coincide con la regulación normativa que consagra las circunstancias constitutivas de impedimento o recusación
