Juez condena a asesino del exdiputado Efraín Ovalle
El sicario viajo en dos oportunidades hasta La Paz y en su segundo traslado perpetró el atentado en el que también resultó herido Luis Eduardo Arredondo.
Una pena de 36 años de prisión deberá purgar Diomedes de Jesús Villamizar Ibarra. Foto: Colprensa(Thot)
Una pena de 36 años de prisión deberá purgar Diomedes de Jesús Villamizar Ibarra, sujeto que de acuerdo a las autoridades fue el sicario que el 25 de febrero de 2012 asesinó en La Paz, Cesar, al exdiputado de ese departamento, Efraín Ovalle.
La decisión fue proferida por un juzgado de Cundinamarca en contra de Villamizar Ibarra, a quien se conoce en el mundo del crimen bajo el alias de ‘Cantante’, y quien tuvo nexos con la banda de Marquitos Figueroa, señalada de cometer homicidios en diversas poblaciones y ciudades del norte del país.
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Durante el juicio se evidenció que el ‘Cantante’ viajó desde Barranquilla hasta Valledupar y allí se hospedó en un hotel. Según lo relatado ante el estrado, el sicario viajo en dos oportunidades hasta La Paz y en su segundo traslado perpetró el atentado en el que también resultó herido a Luis Eduardo Arredondo.
Homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte y tráfico de armas fueron los cargos por los que fue enjuiciado Villamizar.
En uno de los apartes de la providencia se lee que uno de los motivos del crimen obedeció a que “se presentaron enfrentamientos entre Efraín Ovalle Oñate y sus contradictores políticos, lo que generó entre ellos rencillas. A partir de ahí, se edificó toda una parafernalia por parte de sus rivales para ejecutar su homicidio”.
En los análisis forenses que se realizaron se halló que el arma con la que le quitaron la vida a Ovalle Oñate fue la misma que se empleó contra la exalcaldesa de Barranca, Yandra Brito, y la de un sujeto llamado Dany De Luque, a quien conocía con el apodo de ‘Venezolano’. Estos crímenes también fueron cometidos en 2012.
Este caso es recordado debido a que en su momento se involucró al cantante vallenato Jorge Oñate, primo del político asesinado, como una de las personas que ordenó el crimen. Además, por las sospechas de posible corrupción en el desarrollo del proceso, el expediente fue trasladado a Bogotá por decisión de la Corte Suprema de Justicia que encontró irregularidades en algunas actuaciones.
